Ingrese sus datos para entrar
 
USUARIO
CONTRASEÑA
Regístrese a nuestro boletín y reciba las novedades del CEJA
Nombre: Email:
 
 
Publicaciones



    Políticas Públicas en Conservación y Manejo de Recursos Naturales en Yucatán: Avances y Logros
 




Por Javier Enrique Sosa Escalante

Se reconoce que “política” es la ciencia, doctrina u opinión que trata del gobierno de un Estado o de una sociedad; es el modo de actuar de una persona o entidad en un asunto; es la habilidad para conseguir un determinado fin; es el conjunto de disposiciones que establecen lineamientos generales para la toma de decisiones. Sin embargo, existe cierta confusión acerca del significado que tiene el término de “política” en el contexto del “análisis de políticas”.

En países en donde el idioma es el inglés, se reconocen varias acepciones en el “análisis de políticas”. Por ejemplo, “policy” se refiere a estrategias, programas; “politics” a elecciones, partidismo y, “polity” a la política en su sentido más amplio (constitución, derecho constitucional, congreso). Sin embargo, en países de Latino América y, particularmente en México, la mayoría de la población no contextualiza las diferencias que existen entre los diferentes sentidos del concepto, a tal grado, que incluso tanto “policy” como “politics” se traducen como “política”.

En ocasiones, en materia de medio ambiente y desarrollo sustentable, se está entre la “policy” y la “politics”. Un gran número de estrategias técnicas, no pasan de ser propuestas realizadas por especialistas, escritas en tesis, publicadas en revistas en otros idiomas o de difícil acceso a la población en general o simplemente quedan en informes técnicos. Si bien históricamente en México han existido estrategias que están técnica y científicamente fundamentadas, estas no han sido aplicadas por el sector público gubernamental por carecer de sustento jurídico, por no atender una problema de la sociedad o porqué no se ha logrado traducirlas en verdaderas políticas públicas.

Una forma de hacerlo, es precisamente lograr que dichas estrategias técnicas se establezcan en programas gubernamentales; es decir, conseguir que cualquiera de los niveles de gobierno (Federal, Estatal y Municipal) programen y autoricen recursos financieros para la atención de determinado problema. La sustentabilidad fue integrada como un criterio central en el Plan Nacional de Desarrollo como parte de los principios de actuación del Poder Ejecutivo Federal. Las líneas de acción, los proyectos y las metas, por las que tenía que transitar el país en busca del tan anhelado desarrollo sustentable, estaban de manifiesto en los diferentes Programas Nacionales Sectoriales, cuya elaboración es obligatoria con fundamento en el artículo 26 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y según la fracción III del artículo 16 de la Ley de Planeación. En Yucatán, este hecho fue reconocido desde el inicio de la presente administración, ya que el Sistema Estatal de Planeación, en congruencia con el Sistema Nacional de Planeación Democrática, formuló mediante un proceso participativo, el Plan Estatal de Desarrollo 2001-2007, en donde se estableció que el fortalecimiento de algunos sectores (por ejemplo, el agrícola, ganadero, agroindustrial, forestal, pesquero y turístico), debería cimentarse en la conservación y manejo de los recursos naturales de la Entidad, ya que de otra manera, el desarrollo de Yucatán no podría sustentarse en el mediano y largo plazo.

El Plan Estatal de Desarrollo 2001-2007, identificó la necesidad de crear las condiciones legales, financieras, administrativas y políticas para el eficiente desempeño del gobierno que permita mejorar el nivel de vida de la población yucateca (Gobierno para el Cambio) y de adecuar el marco legal y administrativo existente (Estado de Derecho). Estipuló como una de las visiones, de que Yucatán sea un estado que cuente con la normatividad adecuada para conservar los recursos naturales y el medio ambiente, basado en los principios de equidad, justicia y transparencia (Desarrollo Social y Humano). Estableció como política, la revisión y adecuación de la legislación vigente, que posibilite un mejor control y aprovechamiento sustentable de las superficies con vocación forestal (Desarrollo Económico), que coadyuve a un desarrollo regional equilibrado y sustentable, próspero y dinámico, con actividades productivas óptimas para el aprovechamiento integral de los recursos ecológicos, históricos y culturales (Desarrollo Regional).

Con estas directrices, el Gobierno del Estado de Yucatán, mediante procesos participativos y de consulta pública, elaboró y publicó en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán por primera vez en la historia del Estado, el Programa Estatal de Medio Ambiente 2001-2007, que establece los objetivos y las estrategias por área de oportunidad y los proyectos instrumentales, los cuales se traducen en los programas operativos anuales de la Secretaría de Ecología (SECOL).

De esta forma, el Ejecutivo Estatal logró programar y aplicar recursos económicos para la atención de la problemática ambiental. Muchas estrategias técnicas, identificadas incluso por otros sectores e instituciones, quedaron establecidas en proyectos instrumentales estatales (que incluyen objetivos, metas, etapas de instrumentación, matrices de corresponsabilidad, regionalización de aplicación e indicadores de seguimiento y evaluación) y, por tanto, se logró transformarlas en verdaderas políticas públicas del sector ambiental.

Actualmente, el Gobierno del Estado de Yucatán, tiene avances comprobables en: a) Rubros básicos que no habían sido atendidos; b) Instrumentos jurídicos de planeación establecidos como obligatorios desde 1988; c) Programas que han mejorado la protección y el aprovechamiento de especies y hábitat; d) Proyectos innovadores y e) Mecanismos que promueven la participación social en torno a la conservación y manejo de los recursos naturales. En los siguientes párrafos, se presentan avances y logros que en política pública se han obtenido a través de la instrumentación de algunos proyectos en materia ambiental, principalmente en conservación y manejo de recursos naturales. Si bien la problemática es abordada de forma integral, por cuestiones de espacio, este documento no incluye los avances y logros obtenidos en saneamiento, prevención, control, cultura y educación ambiental.

Ordenamiento Ecológico Territorial

A pesar que desde 1988 la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley de Protección al Ambiente del Estado de Yucatán, establecía como obligatorio elaborar los Programas de Ordenamiento Ecológico del Territorio, hasta 2001 no existía ningún Ordenamiento Territorial en el Estado y tampoco esfuerzos tangibles de colaboración interinstitucional con avances reales. El Ejecutivo del Estado, en apego a las leyes y reglamentos vigentes en la materia, en agosto de 2003 firmó un convenio de coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) para realizar este programa. Se instaló el Comité Estatal de Ordenamiento en el seno del Comité de Planeación y Desarrollo del Estado (COPLADE) y se conformaron los Órganos Ejecutivo y Técnico. Se logró que los ordenamientos los elaboren un grupo interinstitucional y multidisciplinario formado por instituciones de investigación y centros de educación superior de reconocido prestigio (Universidad Autónoma de Yucatán; Centro de Investigación Científica de Yucatán; Centro de Investigación y Estudio Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Unidad Mérida; Instituto Tecnológico de Mérida e Instituto Tecnológico de Conkal). A la fecha se tiene finalizado y en proceso de consulta pública el Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado (escala 1:250,000) y el Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio de Mérida (escala 1:50,000); prácticamente está finalizado para ser analizado por el Comité Estatal el Ordenamiento Ecológico del Territorio Costero (escala 1:50,000) y se ha iniciado el Ordenamiento Ecológico Metropolitano con los Municipios de Umán y Kanasín. Toda la información generada, está a disposición de la sociedad civil. El reto en el corto plazo, es la instrumentación, el seguimiento y la evaluación de todos los ordenamientos decretados.

Sistema Estatal de Información y Bitácora Ambiental

Desde el inicio de la presente administración, se identificó la importancia de contar con un sistema público de información confiable y sistematizado, que permitiera el seguimiento y evaluación del estado de conservación de los recursos naturales. Así mismo, se estableció como uno de los objetivos la elaboración de bases de datos de la información ya existente, pero que en ese momento no estaba acorde con los avances informáticos disponibles. La ejecución de los proyectos instrumentales, así como las aportaciones realizadas por diversas instituciones, han hecho de este sistema de información, una herramienta útil en la toma de decisiones y para la atención al público, además de usarse en opiniones técnicas de proyectos de desarrollo y en el diseño de estrategias de conservación y manejo. En colaboración con la SEMARNAT, el sistema ha sido ampliado y consolidado a través del diseño y construcción de la primera bitácora ambiental del país www.bitacoraordenamiento.yucatan.gob.mx, hoy disponible en “Internet” de forma directa o a través de la SECOL www.ecologia.yucatan.gob.mx. La bitácora permite la consulta pública de los avances y logros de los Programas de Ordenamiento Ecológico Territorial, así como consultar todas las acciones realizadas como parte del proceso de ordenamiento (convenios, minutas, eventos, documentos, bases de datos, cartografía, imágenes, calendario, etc.). La información tiene una calidad avalada por especialistas en diferentes temas y un "mapa interactivo" que contiene el sistema de información con cartografía digital y bases de datos, que permite ubicar polígonos, puntos o líneas que el propio usuario define. A la fecha es posible consultar aproximadamente 350 bases de datos, mapas, archivos “shape” y metadatos de las coberturas, así como información relativa a cenotes, flora, fauna, aprovechamiento de vida silvestre y recursos forestales, restauración de ecosistemas degradados, áreas naturales protegidas y tortugas marinas. Sin duda, el Estudio y Estrategia Estatal de Biodiversidad que recientemente el Ejecutivo del Estado ha encargado a un grupo de instituciones de investigación y educación superior, permitirá incrementar el acervo del sistema de información.

Áreas Naturales Protegidas (ANPS) de Administración Estatal

Las ANPS de administración estatal son: 1) Reserva Estatal de Dzilam, 2) Reserva Estatal El Palmar, 3) Parque Estatal Lagunas de Yalahau, 4) Área Natural Protegida de Valor Escénico, Histórico y Cultural Ex Hacienda Tabi y Anexa Sac Nicté, 5) Parque Nacional Dzibilchaltún y 6) Parque Estatal Kabah. Las de competencia federal son: 1) Reserva de la Biosfera Ría Lagartos, 2) Reserva de la Biosfera Ría Celestún, 3) Parque Nacional Arrecife Alacranes y 4) Área de Protección de Flora y Fauna Otoch Ma’ax Yetel Kooh. La de competencia del municipio de Mérida es: 1) Zona Sujeta a Conservación Ecológica, Reserva Cuxtal. Todas estás zonas constituyen el Sistema de Áreas Naturales Protegidas de Yucatán (SANPY), que incluye una superficie total bajo protección de 618,895.96 hectáreas lo cual representa el 16% de la superficie del Estado (Federales=480,966.07 Ha; Estatales=127,172.89 Ha; Municipal=10,757 Ha) (Figura 1).

En el 2001, ninguna ANP de administración estatal contaba con programas de manejo publicados en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán (DOGEY), no existía un departamento con personal asignado para atender los problemas a los que se enfrentan dichas zonas, se carecía de señales informativas y restrictivas, no se contaba con ninguna estación de campo que permitiera la atención al público, la inspección y la vigilancia, y principalmente, existía poca gestión para la ejecución de proyectos relacionados con la conservación y manejo de los recursos naturales que albergan. Actualmente, cuatro de las seis ANPS cuentan con programa de manejo publicado en el DOGEY (dos están en proceso), con lo que se ha proporcionado mayor certeza jurídica a las acciones que ahí se desarrollan, a través de las reglas administrativas para su manejo. Se redecretaron las ANPS, Reserva Estatal de Dzilam y Reserva Estatal El Palmar, con lo que se modificó su extensión (se incrementó la superficie de protección en 6,760 Ha), zonificación, categoría, nombre y se actualizaron los decretos de creación a las leyes ambientales vigentes. Se logró la designación de la Reserva Estatal El Palmar y del Parque Estatal Lagunas de Yalahau como humedales de importancia internacional en la Convención RAMSAR, sumándose a otros declarados en la Entidad (Reserva Estatal de Dzilam, Reserva de la Biosfera Ría Lagartos y Reserva de la Biosfera Ría Celestún). En la actualidad, la estructura y funciones del Ejecutivo Estatal, incluye un departamento de ANPS con presupuesto y personal asignado.

A través de la confluencia de recursos económicos provenientes de distintos programas, se logró la operación de las estaciones de campo de la Reserva Estatal de Dzilam y de la Reserva Tabi, así como la construcción de las estaciones comunitarias de la Reserva Estatal El Palmar y del Parque Estatal Lagunas de Yalahau. Se han instalado más de 780 señales y 14 espacios para la difusión en las comunidades, establecido programas de inspección y vigilancia, adquirido equipo de apoyo (camionetas, motocicletas, lanchas, sistemas de comunicación, etc.), se han firmado convenios con municipios, ejidos, organizaciones no gubernamentales (ONGS), universidades, organizaciones sociales y otras dependencias gubernamentales como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP). Los recursos provenientes del Programa de Desarrollo Regional Sustentable (PRODERS), se aplican en municipios de ANPS de competencia estatal (antes sólo se aplicaban en áreas de administración federal). A pesar que no se puede decir que la problemática a la que se enfrentan las ANPS ha sido resuelta, si se puede afirmar que el Gobierno del Estado ha avanzado en este rubro y ha sentado bases sólidas legales para su conservación a futuro. Estos esfuerzos se han sumado a los que el Gobierno Federal realiza a través de las direcciones de la Reserva de la Biosfera Ría Lagartos, Reserva de la Biosfera Ría Celestún y Parque Nacional Arrecife Alacranes, así como por el Ayuntamiento de Mérida.

Programa Estatal de Reforestación

La presente administración del Gobierno del Estado hace suya la responsabilidad de restaurar ecológicamente los ecosistemas degradados de la entidad (proyecto instrumental del cual forma parte este programa, que también incluye acciones de reintroducción y rescate de flora, rehabilitación de flujos hidrológicos, desazolve de manantiales, limpia y saneamiento de cenotes y establecimiento de prácticas silvícolas de manejo forestal). En consenso con diferentes instancias, la SECOL emite el Programa Estatal de Reforestación 2001-2007, en donde se plasmaron las estrategias a seguir en el desempeño de estas actividades y se pone de manifiesto la necesidad de descentralizar y federalizar dichas labores, así como la importancia de actualizar la legislación ambiental en la materia.

La participación social en las acciones de reforestación se ha incrementado en lo que va de la presente administración, siendo actualmente una actividad socialmente más aceptada. Antes del 2001 el Gobierno del Estado no apoyaba y gestionaba recursos para el establecimiento y operación de viveros forestales de plantas nativas. Hasta diciembre de 2006, existen 10 viveros operados por grupos sociales que han recibido capacitación técnica y organizativa, lo que ha permitido incrementar la cobertura de las acciones en 51 zonas reforestadas pertenecientes a 59 localidades de 50 municipios, beneficiando directamente a más de 1,700 personas (Cuadro 1). La creciente participación de las mujeres, también se refleja en el área de la reforestación, ya que a pesar de ser una actividad que demanda un importante esfuerzo físico, su intervención ha sido importante en acciones de producción de plantas en vivero, mantenimiento y siembra de las mismas, ya que del total de las personas beneficiadas, el 30% han sido mujeres del campo yucateco (Cuadro 1). Con este programa, se ha logrado que la producción de plantas en viveros oficiales se haya diversificado. Los viveros apoyados por el Gobierno del Estado, han producido distintos tipos de plantas según las necesidades de la superficie a restaurar y los servicios ambientales que provén. En el periodo 2001-2006 se han producido 2 millones 285 mil 911 plantas en viveros manejados por grupos sociales del interior del estado (Cuadro 1), que contribuyeron a la restauración ecológica de diferentes ecosistemas, incluyendo sistemas productivos abandonados.

Los esfuerzos realizados en cuanto al número de plantas producidas y las hectáreas reforestadas, coadyuvan al Programa de Conservación y Restauración de Ecosistemas Forestales (PROCOREF) de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). Hoy los 10 viveros comunitarios forestales que promueve el Ejecutivo Estatal (Figura 1), proporcionan parte de las plantas que se requieren por el PROCOREF, lo que permite avanzar en la consolidación de los grupos sociales en empresas campesinas. Al involucrar a los propietarios de los predios en el proceso de producción y siembra de plantas, se han generado relaciones de corresponsabilidad que contribuyen en el mantenimiento de las mismas que han mejorado su supervivencia. Por ejemplo, la evaluación de las plantaciones realizadas durante 2004, que incluyó el 50% de las hectáreas reforestadas, indicó una supervivencia del 80% de las plantas sembradas.

Desde 2001, los recursos destinados para acciones de reforestación, permitieron establecer esquemas que lograron confluir fondos federales y estatales y sinergias con otros programas como el Programa de Empleo Temporal (PET), el Fondo Nacional para la Atención de Desastres Naturales (FONDEN) y PRODERS, en acciones de producción y siembra de plantas nativas. Las actividades de difusión y promoción de la educación y cultura ambiental en materia de reforestación, ha logrado que diferentes sectores de la sociedad se interesen en sembrar plantas nativas con diferentes fines. Por ejemplo, sólo considerando de 2004 al 2006, se atendieron más de 150 solicitudes de escuelas, ayuntamientos, ejidos, particulares y productores por un monto mayor a 50 mil plantas. Así mismo, derivado de las resoluciones de impacto ambiental, se logró que particulares instrumenten programas de reforestación, no sólo en las áreas de intervención, sino también en otras zonas prioritarias para la restauración ecológica en el Estado. Se establecieron líneas estratégicas que han sido consideradas para la compensación ambiental por cambio de uso de suelo de terrenos forestales, ocasionados por actividades productivas y de desarrollo urbano.

Por otra parte, en la actualización de la normatividad estatal y con el propósito de asegurar el mantenimiento y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad, se constituye un nuevo instrumento jurídico de restauración ecológica que coadyuve al SANPY ya existente (reconocido como un instrumento de conservación). El objetivo es que el Estado y los Municipios puedan decretar zonas para que sean restauradas (por ejemplo, sistemas productivos abandonados). En el mediano y largo plazo, se aspira a contar con un Sistema de Zonas Prioritarias para la Restauración Ecológica de Yucatán (SIZPREY).

Especies y Hábitat Prioritarios

Desde el inicio de la presente administración, la protección de especies con algún estado de riesgo y la conservación de sus hábitat, planteó un importante reto, ya que Yucatán se ubica como el Estado de mayor cobertura vegetal perturbada en la Península, con el consecuente deterioro de los ecosistemas y la biodiversidad que albergan. Los mecanismos para la conservación de especies en peligro de extinción, amenazadas y sujetas a protección especial, incluyen esquemas más bien dirigidos a la conservación y manejo de los hábitat en donde se distribuyen, así como establecer y consolidar los instrumentos legales vigentes (por ejemplo, ANPS, centros para la protección y conservación de especies, unidades de manejo sustentable). Los esquemas de aprovechamiento de especies de interés económico, también han resultado una buena estrategia para mantener ecosistemas que albergan poblaciones de otras especies en peligro de extinción.

El Gobierno del Estado, reconociendo su responsabilidad para contribuir al programa de protección de las tortugas marinas a nivel nacional e internacional, desde 2001 establece y administra directamente de forma continua, tres Centros para la Protección y Conservación de Tortugas Marinas (CPCTM) ubicados en los municipios Hunucmá, Telchac Puerto y Dzilam de Bravo (Figura 1). Durante el período 2002-2006, se trasladaron a los corrales de incubación un total de 940 nidos, se incubaron 140,038 huevos y se liberaron un total de 101,363 crías de tortuga de carey (Erethmochelys imbricada), logrando el 72% de éxito en la liberación de tortugas. Estos esfuerzos se suman a los que se realizan en los CPCTM de Celestún, Las Coloradas y El Cuyo que son operados por PRONATURA Península de Yucatán A.C. y la CONANP. En este programa se ha contado con la participación activa del sector privado, de grupos sociales, ONGS, estudiantes, investigadores, autoridades municipales y la Secretaría de Marina. Los CPCTM han funcionado como espacios para la promoción de la cultura y educación ambiental y se logró reinstalar el Comité para la Conservación de las Tortugas Marinas en Yucatán (COCTOMY). A pesar de los avances, aún es necesario incrementar la participación de la sociedad y crear mayor conciencia en la protección de especies en peligro de extinción y sus hábitat.

En Yucatán, existen registradas ante la SEMARNAT 121 Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMAS), de las cuales 33 son extensivas que abarcan una superficie aproximada de 250,000 hectáreas. Aún siendo una atribución federal, el Gobierno del Estado no sólo ha promovido el establecimiento de UMAS y su adecuada operación, sino que hizo suya la responsabilidad legal y técnica del aprovechamiento de aves acuáticas migratorias, a través de la UMA denominada "El Palmar y su extensión" (DGVS-CR-EX 01124-YUC), que desde el 2001 es operada de forma continua mediante la ejecución de un programa de manejo, que regula el aprovechamiento cinegético como una estrategia para la conservación de hábitat prioritarios. Dicha UMA, incluye una superficie de 97,237 hectáreas, 9 municipios y 3 áreas de exclusión dentro del polígono (Figura 1).

Promoción y Desarrollo del Turismo Sustentable

Durante la presente administración, la SECOL participó con otras dependencias como la Secretaría de Turismo, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la CONAFOR, la CONANP, la SEDESOL y la SEMARNAT, entre otras, así como con ONGS, prestadores de servicios técnicos, autoridades municipales y ejidales, con el propósito de incrementar la participación social en torno a la conservación de los recursos naturales del Estado y lograr una mayor dinámica de los distintos sectores involucrados en las actividades de turismo sustentable (ecoturismo, aventura, comunitario, etc.). Se logró confluir recursos financieros de diversas fuentes y programas, incluyendo aportaciones del Gobierno Estatal, que permitieron establecer infraestructura de bajo impacto y la organización legal y técnica de grupos sociales. Destacan por su impacto social, las obras para la construcción de palapas, muelles de madera, atracaderos, plataformas, torres de observación, senderos interpretativos, escaleras de accesos a cenotes, humedales artificiales para el tratamiento de aguas residuales, saneamiento y desazolve, entre otras. Algunos ejemplos pueden observarse en los municipios de Hunucma, Progreso, Sinanché, Dzilam de Bravo, San Felipe, Homún, Yaxcabá, Cuzamá, Temozón, Umán y Ticul (se han integraron aproximadamente 220 comités comunitarios) (Figura 1). Estas acciones permiten desarrollar con mejores bases, proyectos integrales que logran la participación interinstitucional e interdisciplinaria y salvaguardar los recursos naturales del Estado, mediante su propio aprovechamiento sustentable.

Prevención y Atención de Contingencias Ambientales

La SECOL en el período 2001-2007, coadyuvó con diferentes instancias en la ejecución de acciones tendientes a prevenir y atender contingencias ambientales, como los efectos ocasionados por los huracanes Isidoro, Wilma y Emily, los incendios forestales, la marea roja, los varamientos de mamíferos marinos, principalmente. Se logró apoyar y dar seguimiento a la aplicación de recursos provenientes de diferentes programas como el PET y FONDEN, en acciones de saneamiento, desazolve de cuerpos de agua, establecimiento y mantenimiento de brechas corta fuego, producción y siembra de plantas nativas, reconstrucción de infraestructura de vida silvestre, ANPS y ecoturismo, así como participar en la red de atención a la marea roja que incluyó el seguimiento de proyectos de investigación financiados a instituciones de investigación a través de los fondos mixtos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Actualmente, existe una mejor coordinación interinstitucional para atender los efectos ocasionados por fenómenos naturales al ambiente y recursos naturales.

Descentralización y Actualización del Marco Normativo Estatal

El Ejecutivo Federal se comprometió a acelerar el proceso de descentralización en materia ambiental. Si bien hubo avances al respecto que son justos de reconocer, también es cierto que hace falta por hacer, así como finalizar dicho proceso en aquellos Estados en dónde no se ha cristalizado (por ejemplo, en Yucatán). Al respecto, el Ejecutivo del Estado convencido de que la sociedad yucateca se merece servicios más eficientes y acordes a las necesidades de Yucatán y sus municipios, y en apego al federalismo, constituyó formalmente el Programa Estatal de Descentralización en materia de medio ambiente y recursos naturales. A través del Programa de Desarrollo Institucional Ambiental, se logró avanzar hacia la consolidación en el aprovechamiento de vida silvestre, desarrollo forestal, ordenamiento territorial e impacto ambiental, entre otros. Desde el 2001, el Ejecutivo del Estado reconoció la importancia de actualizar la legislación ambiental, por lo que se dio a la tarea de realizar una serie de mecanismos participativos, que permitieron, además de los instrumentos ya mencionados (ordenamientos ecológicos territoriales, programas de manejo de ANPS y UMAS, etc.), la elaboración de los proyectos de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable, de la Ley de Conservación y Manejo de Fauna Silvestre, de la Ley de Desarrollo Sustentable del Agua, de la Ley para la Gestión Integral de los Residuos y, principalmente, la actualización de la Ley de Protección al Ambiente del Estado de Yucatán. Así mismo, se logró la aprobación por los Ayuntamientos de 44 reglamentos municipales en materia de residuos sólidos y se participó en la formulación de la Ley Estatal de Prevención y Combate de Incendios ya publicada.

Los problemas ambientales a los que hoy se enfrenta el Gobierno del Estado de Yucatán, únicamente pueden ser detenidos y revertidos con la participación directa de todos los sectores de la sociedad civil. Los Yucatecos, debemos asegurar la continuidad de los proyectos exitosos, mejorar aquellos que lo requieran e innovar programas acordes con la realidad social, económica y ambiental del Estado. En varios campos, se logró transitar de estrategias técnicas a la constitución formal de políticas públicas en materia ambiental. A pesar que algunos cimientos pudieron construirse años atrás, sin duda, actualmente se han sentado bases sólidas para mejorar la conservación y manejo de los recursos naturales.




 
   
 
Av. Universidad 700-401, Colonia del Valle, México, D. F. 03650.
T: (01-55) 33-30-12-25 al 27 F: (01-55) 33-30-12-28 CE: ceja@ceja.org.mx
 
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS © CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS Y AMBIENTALES A.C.