El pronunciamiento público del Ejecutivo Federal en torno a la política pública de Cero Tolerancia a la Tala Ilegal, como lo hizo el pasado 27 de febrero en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, cuenta con una justificación, sobre todo para los dos estados que concurrieron al acto, como se trata de Michoacán y Estado de México1. En principio habría que decir que México ocupa el decimocuarto lugar a nivel mundial en superficie forestal contando con 126.9 millones de hectáreas; desde el 2005 se intensificaron las acciones, llevándose a cabo 7,015 acciones de inspección forestal, 501 rondas de vigilancia y 165 operativos, sobre todo, en las zonas consideradas críticas, y como resultado se aseguraron 25,686 metros cúbicos de madera, 505 toneladas de carbón, 765 equipos y herramientas, 501 vehículos, la clausura de 45 centros de almacenamiento y transformación y se pusieron a disposición del Ministerio Público Federal a 103 presuntos delincuentes y, se aplicaron multas por un valor de 22.1 millones de pesos. Asimismo en este año se implementó el Programa de Combate a la Tala Clandestina, que abarca los tramos de tala, tráfico, almacenamiento, transformación y comercio ilegal en 24 zonas forestales del país. Y derivado de lo anterior, también se instrumentaron los Planes Integrales de Atención para el Combate de la Tala Clandestina en las principales 7 zonas con mayor incidencia de delitos ambientales.

De acuerdo a la información publicada por Semarnat (Gestión Ambiental en México, 2006) se considera que la tala ilegal es el segundo factor de mayor importancia implicado en la deforestación de los bosques y selvas de México, provocando aproximadamente 8% de la deforestación anual total. La tala ilegal generalmente afecta a los bosques y selvas mediante la remoción de aquellos árboles de mayor valor comercial, lo que afecta la calidad del ecosistema como hábitat para la biodiversidad, además de incidir en el valor total del bosque y en los intereses económicos de los legítimos poseedores de estos recursos. Al perder una parte importante de su valor el bosque se hace más susceptible a la deforestación total con fines productivos. Asimismo se estima que en total, la tala ilegal conlleva a la extracción de, entre 3 y 5 millones de m³ de madera cada año, equivalente a, entre 40% y 60% de la producción anual legal, de alrededor de 8 millones de m³ por año. Además de ser una causa de la deforestación y del deterioro, la tala ilegal contribuye a la fragmentación de los ecosistemas, al aumento del riesgo de incendios forestales (ya que se deja mucho material combustible in situ), a la erosión del suelo y a una reducida infiltración del agua, además del deterioro de la calidad del hábitat. En particular, los estados de Michoacán y Estado de México, están considerados como prioritarios en este tema, ya que tan sólo en el segundo de ellos, el segundo delito más importante es la tala ilegal, sumando un total en año y medio de 764 detenidos que equivale a 1.3 por día.

Ahora bien, la política de Cero Tolerancia a la Tala Ilegal no es la suma de acciones o un conjunto de operativos, sino un cambio cualitativo para desarticular a la delincuencia organizada ambiental, contener y reducir la perdida del recurso forestal, restablecer en las zonas críticas la seguridad pública, mejorar la calidad de vida de los habitantes, crear fuentes de empleo e ingreso bajo un esquema de desarrollo local sustentable y de manera fundamental combatir la impunidad. Para ello, se visualiza un modelo de gestión de protección y seguridad pública basado en la interacción gubernamental entre las distintas instancias gubernamentales federales y entre estas y los gobiernos de los estados; dicho modelo toma como base, la acción mixta focalizada, es decir, que se atenderán, dentro de las zonas críticas, como lo es el caso de Mariposa Monarca, las localidades de mayor incidencia, a fin de orientar los esfuerzos concentrados y dirigidos hacia los ilícitos recurrentes y las bandas que operan, generando una segunda zona mas extensa para el control en movimiento del recurso forestal. En este sentido, la política de Cero Tolerancia a la Tala Ilegal busca desarrollar acciones preventivas desde la perspectiva de la actuación de las policías preventivas (PFP y estatales), la persecución del delito en el ámbito federal (PGR), como del fuero común, la inspección y vigilancia a cargo de la Profepa y organismos forestales estatales y, finalmente, la disuasión y contención de la operación armada de bandas organizadas, por cuenta del ejercito mexicano.

Esta combinación entre flagrancia y persecución del delito es un mecanismo más fuerte y efectivo, sobre todo cuando concurren distintas competencias y niveles de gobierno, con el apoyo, por un lado, de la capacidad de fuerza del instituto armado y por otra parte, con la labor de inteligencia que se despliega por los organismos de seguridad.

Ahora bien, esta política pública cuenta con otro componente que atiende a las variables estructurales de orden económico y social, pues se tiene en cuenta que las poblaciones rurales que ocupan y poseen suelos y recursos forestales exhiben pobreza, reducidos espacios temporales de empleo y propuestas productivas para su desarrollo, de ahí que las acciones contempladas en este rubro descansen en el combate a la pobreza, la generación de proyectos productivos alternativos y sobre todo la puesta en marcha con especial énfasis del programa Pro Árbol que va dirigido a las comunidades, ejidos y pequeños propietarios de terrenos forestales para su conservación, restauración y aprovechamiento. Este eje que se comparte con los otros niveles de gobierno busca tanto la combinación de recursos económicos a fin de lograr una mayor inversión, pero también bajo la idea de una planificación concurrente que incida en la población afectada por el fenómeno de la tala ilegal y la delincuencia organizada.

En este contexto, la política de Cero Tolerancia a la Tala Ilegal descansa su coordinación general en la cabeza del sector ambiental representada por la Semarnat y en cuanto a la particularidad de aplicación de la normatividad forestal y ambiental reside en la Profepa.

Los dos ejes centrales, de desarrollo sustentable y el de seguridad y estado de derecho se concatenan en una sola pinza, en un marco de justicia integral ambiental abarcando los ámbitos social, económico, de protección ambiental y seguridad pública.

A partir del pronunciamiento del ejecutivo federal y la concertación con los dos gobiernos estatales, el arranque tuvo su origen en el Estado de México, en el municipio de Temascaltepec dentro del área natural protegida denominada “Zona Forestal de las Cuencas de Valle de Bravo, Tilostoc, Amanalco y Temascaltepec”, para llevar a cabo la clausura total definitiva de los aserraderos que han incurrido en el almacenamiento, transformación y comercialización de madera ilegal, que ha puesto en riesgo inminente de desequilibrio al ecosistema forestal y sus funciones hidrológicas de esta zona estratégica para el abastecimiento de agua a las dos principales metrópolis del país (Valle de Toluca y Valle de México), en donde además de la clausura se desmanteló la maquinaria y equipo, así como el decomiso de cerca de 700 m3 de madera. Continuando con recorridos de vigilancia y disuasión para evitar un rebrote de actividades ilícitas forestales.

El segundo frente, en el mes de marzo, donde se ha venido implementado la Cero Tolerancia a la Tala Ilegal, lo fue la Reserva de la Mariposa Monarca en los municipios de Villa de Allende y San José del Rincón en el Estado de México y en Lomas de Aparicio en Michoacán sitio en que se asesto un duro golpe al asegurar 664 m3 de madera y el desmantelamiento de dos aserraderos, aparte de los 103 m3 de madera, la ejecución de una orden de aprehensión por delitos contra el ambiente por la fiscalía especial del fuero común, el aseguramiento de maquinaria de aserraderos ilegales en el Estado de México. Así como el reforzamiento de los puntos de control carretero en ambos estados para ampliar la cobertura, además de la vigilancia disuasiva periódica en los poblados reportados como centros de ilícitos forestales.

Y el tercer frente, hasta el momento, en el mes de abril, lo constituye la zona de Las Lagunas de Zempoala en el municipio de Ocuilan, Estado de México, en donde se llevó a cabo un operativo con apoyo regional desde Morelos en Huitzilac y el Distrito Federal en la zona adyacente del Ajusco, en el cual se pudo corroborar la certeza del modelo de acción interinstitucional que arrojó resultados positivos, dados por el aseguramiento de madera motoaserrada, el desmantelamiento de 3 centros de transformación ilegales, la recuperación y aseguramiento de 13 vehículos con madera y reporte de robo y, la detención de 7 personas dos de ellas con orden de aprensión por robo y lesiones. Es de resaltarse que debido a la capacidad de fuerza se pudo inspeccionar y actuar en el principal bastión de talamontes y delincuentes que es el poblado de Santa Lucía.

El balance inicial de la aplicación de Cero Tolerancia a la Tala Ilegal, se muestra positivo, con bastante aceptación y legitimación de la población local, con apego a la legalidad, respeto a los derechos humanos y, una marcada interacción institucional tanto operativa y logística, como de intercambio de información y actuación en el ámbito de las respectivas competencias, bajo un objetivo común.

En esta medida, se asiste de forma objetiva a un cambio sustancial en este tema particular pero de gran envergadura, como lo constituye la tala ilegal, por sus consecuentes impactos que cruzan aspectos no sólo ambientales y que para ciertas zonas o como en el caso del Estado de México, es sin lugar a dudas un asunto de seguridad. Por ello, se hace hincapié en que dicha política pública representa un cambio cualitativo en su forma de concebirlo, de tratarlo y resolverlo.

Como un aspecto colateral, el precio de la madera legal ha cobrado su valor real, al ir reduciéndose el mercado negro y los precios desleales que representa el tráfico de productos forestales maderables de procedencia ilegal, con lo cual se fortalece la economía de las comunidades que cuentan con aprovechamientos autorizados y en general, favorece a toda la cadena productiva de la madera. Otro más de los ángulos, resultado de la aplicación, se puede observar en la recuperación del territorio perdido de los ejidos, por la presencia delictiva, en donde sin equívoco, juegan un papel central los Comités de Vigilancia Social de las comunidades que contribuyen a implantar la política e incentivar el empoderamiento de las mismas para romper el sometimiento impuesto por la delincuencia organizada.

El papel del Estado en la regulación de las relaciones de apropiación del recurso forestal, más allá de su expresión jurídica que es la base, consiste en la aplicación de la misma norma para abonar relaciones y espacios de certidumbre legal, económica y de paz social, mediante el ejercicio legítimo, preventivo y disuasivo, de la fuerza institucional y, la inversión pública para el desarrollo sustentable desde lo local que desvanezca las causas o variables socioeconómicas que han incidido en el fenómeno socioambiental.

Así las relaciones de poder inscritas en la lógica del crimen organizado ambiental, deben ser enfrentadas de manera planificada, ordenada, articulada y con capacidad de fuerza y acotada a una política pública como la Cero Tolerancia a la Tala Ilegal, para que brinde transparencia, confianza y participación ciudadana, pues a su vez, la acción gubernamental se haya regulada por las atribuciones que emanan del conjunto de las normas jurídicas aplicables, sean estas de orden federal o estatal, pero siempre sancionadas constitucionalmente.

Por último, cabe decir que la Cero Tolerancia, es un giro vital en la redistribución de la riqueza natural, que recupera para los dueños y poseedores del recurso como también para los distintos agentes que participan en la cadena productiva, al mismo tiempo que reconstruye economías comunitarias, locales y regionales, y que, en última instancia favorece la conservación de los recursos naturales de bastas extensiones y áreas naturales protegidas, incrementando así, nuestro capital natural.