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    ¿Es necesario un Ombudsman Ambiental? Entrevista al Senador Óscar Cantón Zetina
 




DAE: Señor Senador, ¿Cual es la necesidad de crear un ombudsman ambiental y ¿de qué manera se relacionaría este nuevo órgano con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente?

OCZ: La necesidad de crear un ombudsman es la de poner freno de manera eficaz al deterioro ambiental, porque las instituciones y organismos que tenemos actualmente no lo han conseguido.

Ni la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, ni tampoco la Comisión Nacional de Derechos Humanos pueden asegurar el goce de un medio ambiente sano, como lo garantiza la Constitución, simplemente porque su estructura operativa no es la adecuada.

La PROFEPA forma parte de la administración pública centralizada, es un organismo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y por lo tanto depende totalmente del Ejecutivo para el nombramiento del Procurador y su remoción y está bajo la supervisión de dicha Secretaría, así que no puede por su misma naturaleza jurídica ser imparcial en reclamaciones donde saliera afectada dicha Secretaria.

Además las resoluciones de la PROFEPA tienen el carácter de recomendaciones sin obligatoriedad alguna, ni peso probatorio ante los tribunales. Lo anterior, aunado a que la PROFEPA solo puede actuar a petición de parte, hace que a este organismo no le quede de Procuraduría sino únicamente el nombre.

La Comisión Nacional de Derechos Ambientales que propone la iniciativa que fue aprobada por unanimidad y que ahora se encuentra en la Cámara de Diputados, cumpliría sus atribuciones con mucho más eficacia que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente porque sería totalmente autónoma del Ejecutivo con personalidad y patrimonio propios. Funcionaría a través de un Consejo Consultor electo con la participación de dos poderes que tomaría en cuenta predominantemente su calidad académica y moral.

Además, la Comisión de Derechos Ambientales estaría facultada para investigar de oficio lo que la convertiría en un verdadero ombudsman ambiental. Se pretende que las resoluciones de la Comisión Nacional de Derechos Ambientales tengan valor probatorio especial en los Tribunales basado en el reconocimiento de que es un órgano imparcial que rinde un dictamen especializado en la materia.

Es evidente que todo esto redundaría en una mayor celeridad en los procedimientos y en la respuesta oportuna a los compromisos internacionales.

Por lo que respecta, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hay que recordar que dicha Comisión tiene que atender una amplia gama de derechos lo que no le permite concentrar totalmente sus recursos económicos y humanos en un único objetivo.

En cambio, la Comisión Nacional de Derechos Ambientales atendería solamente asuntos relacionados con el medio ambiente. Este simple hecho le haría posible resolver el fondo de los asuntos con un criterio calificado y especializado que serviría para actuar procesalmente.

Actualmente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos se limita a orientar al quejoso para que recurra a la SEMARNAT o a la PROFEPA o a emitir una recomendación que la autoridad puede o no reconocer, mientras tanto sigue sin atenderse el problema principal que es la conservación del medio ambiente.

DAE: ¿Qué figuras similares existen en otros países y que atribuciones tienen?

OCZ: Existe una tendencia mundial a crear organismos especializados en materia ambiental, prevaleciendo las siguientes posturas: la creación de una oficina o sección dependiente del Ministerio Público o bien, la creación de organismos distintos y autónomos al estilo del ombudsman de los países escandinavos. En Guatemala y España se tiene al Defensor del Pueblo.

Todos estos organismos han recibido facultades para actuar. Su función esencial consiste en atacar o pedir la nulidad de autorizaciones o permisos y coadyuvar en los procedimientos penales.

El Defensor del Pueblo actúa con independencia, autonomía y conforme su criterio y especialización y es inviolable en el ejercicio de sus competencias. No tiene potestad coercitiva directa pero se hace valer de su prestigio, de una dignidad social, de una fuerza moral que le autoriza a formular y hacer cumplir a las autoridades y funcionarios públicos las advertencias, recomendaciones, recordatorios de sus deberes legales y aquellas sugerencias para la adopción de nuevas medidas como resultado de las investigaciones que realice.

El Defensor del Pueblo es supervisor del apego a la ley. Se encuentra investido de facultades de investigación, que habrán de ponerse en activo cuando no se respete el principio de legalidad por parte de la administración pública o de alguno de sus agentes que vulneren alguno de los derechos fundamentales, sociales, culturales o ambientales.

En Colombia y en Brasil se ha integrado a la Constitución los llamados intereses difusos que es el reconocimiento al derecho de la comunidad para reclamar judicialmente.

En México, en el caso del derecho al medio ambiente, ya se tiene como base el reconocimiento de una garantía constitucional y este con la adición del reconocimiento de intereses difusos, sería el punto de partida para la creación de un organismo defensor del pueblo en materia ambiental.

DAE: ¿Qué atribuciones tendría el organismo?

OCZ: La Comisión Nacional de Derechos Ambientales sería un organismo autónomo, independiente del Poder Ejecutivo, especializado en materia ambiental.

Como ya dije antes, puede investigar de oficio y a petición de parte y sus resoluciones tendrían un peso específico ante los tribunales.

Si se aprueba la incorporación de derechos o intereses difusos o colectivos dentro del artículo 4 constitucional será necesario contar con un organismo fuerte que haga oír la voz de la colectividad afectada.

Serviría la Comisión como una instancia adicional a las existentes para que los grupos sociales puedan hacer valer sus derechos ambientales frente a los actos o las omisiones de las autoridades que los afecten.

La Comisión permitiría a la ciudadanía actuación en contra de los actos que realizare no solamente la autoridad, sino también el sector privado.

DAE: En la relación costo-beneficio ¿Por qué sería socialmente útil contar con ese organismo? ¿Qué aportaciones concretas tendría la constitución de un ombudsman ambiental?

OCZ: El gasto que pudiera traer aparejado la Comisión no debe ser prejuzgado pues es claro que el organismo nuevo trabajaría como todos los demás, esto es, con lo que le sea aprobado en el presupuesto anual.

Hemos recibido comentarios también en el sentido de que la creación de la Comisión aumentaría el aparato burocrático inútilmente. Yo creo que no deberíamos distraernos con discusiones inútiles, porque lo que nos toca decidir es la funcionalidad y eficacia, tanto de los organismos vigentes y de los de nueva creación. Habrá que considerar su conveniencia en relación directa con el servicio que se le presta al ciudadano y al país porque, de haberse considerado únicamente el gasto nunca se hubieran creado organismos para asuntos específicos que podrían encuadrarse como Derechos Humanos o como garantías individuales, como el Instituto Nacional Indigenista, la Comisión para Asuntos de la Frontera Norte, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación o el Instituto Nacional de las Mujeres, por señalar solamente algunos ejemplos.

DAE: Señor Senador, con la experiencia que ha dejado esta legislatura ¿Cree usted que esta iniciativa ha generado algún consenso en las distintas fracciones parlamentarias? ¿Existen condiciones propicias para que su iniciativa sea aprobada?

OCZ: La iniciativa tiene dos años en la Cámara de Diputados obviamente durante ese tiempo los actores políticos han cambiado pero lo que no ha cambiado es la depredación ambiental y la poca eficiencia de los mecanismos gubernamentales para evitarla.

La iniciativa cuenta con elementos muy concretos para mejorar la situación de inmediato, por eso confío en que predomine el buen juicio en la Cámara de Diputados y que prevalezcan las ganas de mejorar nuestro ambiente en beneficio de nosotros, de nuestros hijos y de todas las generaciones futuras que habitarán el planeta.

DAE: ¿Quisiera usted agregar algo?

OCZ: El acceso a la justicia se consigue con propuestas concretas, que han sido bien pensadas y analizadas, como la que nosotros hicimos en la iniciativa aprobada por unanimidad en el Senado de la República tomando figuras que han mostrado ya su eficiencia en otros países.

Hasta ahora, los que se oponen a la iniciativa reconocen que se necesita un cambio en el tratamiento ambiental, sin embargo no hacen ninguna propuesta concreta y viable.

Es importante señalar que las críticas y las sugerencias al aire no solucionarán nada. La protección del medio ambiente, solamente se podrá lograr con una firme voluntad política y con la implementación de acciones decididas para cambiar las cosas de fondo.




 
   
 
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