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    Riesgo Ambiental, Sancin Discrecional
 


Elas Troncoso Caldern

“Da mihi factum, dabo tibi ius.”

La proteccin al ambiente y a los recursos naturales por largo tiempo olvidada, ha adquirido en los ltimos lustros, una creciente importancia para amplios sectores de la sociedad mexicana. El deterioro de los recursos naturales y la contaminacin de las aguas, aire y suelo se ve reflejado en una exigencia colectiva, a veces no muy articulada, que demanda la instrumentacin de medidas de conservacin, proteccin y restauracin de nuestro devastado entorno.

El crecimiento econmico, planteado a partir de la existencia de recursos naturales en teora inagotables y polticas de desarrollo poco cuidadosas de su preservacin, esta estrechamente vinculado a la degradacin ambiental; ante ello, de manera progresiva, se ha construido una vasta normatividad ambiental con un carcter eminentemente preventivo, en cuya elaboracin se privilegia una visin que otorga la mayor importancia a la prevencin del dao o del desequilibrio ecolgico. Sin embargo, las contradicciones entre las leyes especiales y las lagunas injustificadas en nuestra normatividad ambiental, como es la valoracin del dao ambiental y su reparacin, as como la carencia de una efectiva tutela a travs del juicio de amparo, en virtud de que prevalece un concepto de inters jurdico que impide su procedencia para que el ciudadano pueda obtener la suspensin del acto reclamado respecto a actos que afecten el medio ambiente, en conjunto, dificultan hacer realidad los preceptos constitucionales relativos al derecho de toda persona a un medio ambiente adecuado a su desarrollo y bienestar, a la par de la rectora que tiene el Estado para garantizar el desarrollo integral y sustentable del pas.

Este enfoque preventivo se refleja en la Ley General del Equilibrio Ecolgico y la Proteccin al Ambiente (en adelante LGEEPA) en cuyo articulado destaca el claro objetivo de tratar de evitar el dao ambiental y proteger a los diferentes elementos que componen el medio ambiente a travs de una serie de disposiciones e instrumentos de poltica ambiental, cuyo diseo se complementa en diversos reglamentos y normas oficiales mexicanas. Sin embargo, la recurrencia de los actos violatorios de las disposiciones de prevencin se tradujo en el diseo de normas ambientales represivas para sancionar a quienes infrinjan las disposiciones en la ley sealadas y se les atribuya una responsabilidad administrativa o civil, esto ltimo en materia de reparacin del dao.

Con este propsito en la LGEEPA se establecen diferentes posibilidades de aplicacin de sanciones administrativas por el incumplimiento de la normatividad ambiental: stas oscilan desde una multa por el equivalente a 20 das de salario mnimo vigente en el Distrito Federal, hasta sanciones de gran impacto, como pueden ser la clausura definitiva del establecimiento infractor o bien la revocacin o suspensin de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones correspondientes y una multa mxima por un monto de 50 mil salarios mnimos. Adicionalmente la autoridad esta facultada para aplicar otras sanciones, tales como el decomiso de los objetos asegurados en el inicio del procedimiento administrativo o el arresto administrativo hasta por 36 horas.

La propia Ley establece, en su artculo 170, que: “Cuando exista riesgo inminente de desequilibrio ecolgico, o de dao o deterioro grave de los recursos naturales, casos de contaminacin con repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus componentes o para la salud pblica, la Secretara (SEMARNAT-PROFEPA) fundada y motivadamente, podr ordenar alguna o algunas de las siguientes medidas de seguridad”. En este sentido seala que dichas medidas pueden ser: 1. clausura temporal parcial o total, 2. aseguramientos precautorios y 3. neutralizacin del riesgo a efecto de impedir su concrecin.

Ahora bien la Ley destaca la preocupacin por prevenir el dao en el siguiente artculo, 170 Bis: “Cuando la Secretara ordene alguna de las medidas de seguridad previstas en esta Ley, indicar al interesado, cuando proceda, las acciones que debe llevar a cabo para subsanar las irregularidades que motivaron la imposicin de dichas medidas, as como los plazos para su realizacin, a fin de que una vez cumplidas stas, se ordene el retiro de la medida de seguridad impuesta”.

El trmino “cuando proceda” representa en la prctica una facultad discrecional que la Ley otorga al servidor pblico para corregir ese “riesgo inminente de desequilibrio ecolgico o de dao o deterioro grave”, que motiva la imposicin de la medida de seguridad y propicia espacios de impunidad. Lo anterior adquiere relevancia jurdica cuando como consecuencia de la recurrencia de los actos depredatrios y de las diversas formas de contaminacin, la regulacin ambiental es tambin materia del derecho penal.

El Cdigo Penal Federal, despus de diversas reformas, dedica el Titulo Vigsimo Quinto a los delitos contra el ambiente y la gestin ambiental, y en su contenido contempla los delitos de lesin o dao, que normalmente constituan el ncleo esencial de los cdigos penales e incluye los delitos de peligro, ello en consonancia con el carcter preventivo y anticipatorio que permea la normatividad ambiental. En referencia al tema Vercher Noguera se pregunta de que peligro se trata? y afirma que “Los delitos de peligro se diferencian de los de lesin porque estos ltimos requieren un efectivo dao del bien jurdico, mientras que los primeros tan solo la probabilidad del mismo” (1).

El delito de peligro o riesgo descansa en un juicio de probabilidad de que un bien pueda ser daado, sin que sea necesario que este dao se produzca despus. Muoz Conde seala: “El juicio de peligro es, pues, un juicio ex ante que se emite situndose el juzgador en el momento en que se realiz la accin. Para establecer si la accin realizada era peligrosa para un bien jurdico, es decir, si era probable que produjera su lesin, es preciso que el juzgador conozca la situacin, la forma y circunstancias que pueden producir generalmente la lesin de un bien jurdico” (2). Una vez hechas las comprobaciones, se deducir si hubo o no peligro, el hecho ser o dejar de ser antijurdico y el juzgador ex post determinara si la accin u omisin es objetivamente peligrosa e ilcita.

La inclusin de los delitos de peligro hipottico en el Cdigo Penal Federal obedece a la expansin del derecho penal, supuesto que se emplea en mbitos propios del derecho administrativo, disminuyendo las fronteras entre el injusto penal y el ilcito administrativo como consecuencia de la importancia que la sociedad otorga al medio ambiente y a su potencial dao, aunque no se precise si la puesta en peligro es concreta o abstracta, ni cul es el contenido material del injusto penal. En consecuencia se sanciona el delito de riesgo de dao, sin que sea necesario para su consumacin, la produccin de una lesin o dao al medio ambiente o a los recursos naturales, lo cual, de suceder, se penalizara cada caso por separado.

En este orden de ideas el Cdigo Penal Federal, en los artculos 414, 415 y 416, sanciona a quien no aplique las medidas de seguridad o prevencin y cause un riesgo de dao a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas y a la calidad del agua o al ambiente por el manejo, en distintas modalidades, de sustancias consideradas como peligrosas, por sus caractersticas corrosivas, reactivas, toxicas, inflamables, radioactivas y anlogas; as como por la emisin o descarga en al atmsfera de gases, humos o polvos; por la generacin de emisiones de ruido, vibraciones, energa trmica o lumnica provenientes de fuentes emisoras de competencia federal y a aquellas que descarguen, depositen o infiltren aguas residuales, lquidos qumicos o bioqumicos, desechos o contaminantes en los suelos, subsuelos, aguas marinas, ros, cuencas, vasos o dems depsitos o corrientes de agua de competencia federal.

La penalidad en estos casos es de uno a nueve aos de prisin y de 300 a tres mil das multa, incrementndose la pena de prisin hasta en tres aos y la pena econmica hasta en mil das multa, si la conducta se lleva a cabo en un rea natural protegida, ello en virtud de la importancia que Mxico se otorga a estas regiones.

Lo anterior se traduce en la coexistencia de normas ambientales preventivas con normas ambientales represivas, en tiempo, lugar y modo; as resulta que un mismo hecho puede llegar a tener dos tipos de responsabilidades diferentes y sus consecuentes sanciones o penas. Por un lado, tenemos un ilcito administrativo de acuerdo a la LGEEPA, y por otro, un delito de conformidad con el Cdigo Penal Federal. En ambos casos, las acciones punitivas que se aplican a quien llev a cabo la conducta se basan en una normatividad secundaria, reglamentos y normas oficiales mexicanas, en la cual se desarrollan los contenidos en la norma base, lo cual se explica, entre otros motivos, por el elevado componente tcnico de las regulaciones ambientales; esto convierte a las normas penales en materia ambiental en “normas penales en blanco”.

En este contexto, el principio “non bis in idem” para el caso de la normatividad ambiental no opera, tal y como lo establece la Ley Federal del Procedimiento Administrativo que en su artculo 78 al calce dice: “Las sanciones por infracciones administrativas se impondrn sin perjuicio de las penas que correspondan a los delitos en que, en su caso, incurran los infractores”. La LGEEPA por su parte explicita en su artculo 182 que: “En aquellos casos en que, como resultado del ejercicio de sus atribuciones, la Secretara tenga conocimiento de actos u omisiones que pudieran constituir delitos conforme a lo previsto en la legislacin aplicable, formular ante el Ministerio Pblico Federal la denuncia correspondiente”.

Lo anterior implica que cuando la Procuradura Federal de Proteccin al Ambiente (en adelante PROFEPA) ordene la aplicacin de una medida de seguridad por considerar que existe un riesgo inminente de desequilibrio ecolgico, o de dao o deterioro grave a los recursos naturales, se actualizara el tipo penal correspondiente y se debera presentar la denuncia, lo cual muy rara vez ocurre.

El principio de intervencin mnima del derecho penal debe entenderse en un contexto que busca despenalizar la vida en sociedad, para aplicarse exclusivamente en los actos que afecten los valores y bienes ms preciados por la sociedad, aunque en el caso del riesgo ambiental, la falta de criterios jurdicos precisos que delimiten los mbitos de competencia entre el servidor pblico y el juez, convierten a la aplicacin de la norma ambiental penal en facultad discrecional de la autoridad administrativa.

La regulacin del impacto ambiental y la aplicacin de auditorias ambientales se ubican en una estrategia de prevencin en la que debemos profundizar. Sin embargo, si consideramos que el derecho penal es la ultima ratio del Estado para mantener el control social y la convivencia armnica en la sociedad y que corresponde al poder judicial dar validez al principio de legalidad, debemos insistir en la revisin cuidadosa de la calificacin del riesgo ambiental; en la delimitacin de las facultades y responsabilidades de las autoridades administrativas que conocen de su existencia; en la pertinencia de las sanciones a esta infraccin con relacin a las penas econmicas, las cuales en materia administrativa son mayores que las penales y, fundamentalmente, a partir de que momento debe conocer la autoridad ministerial de la probable comisin de un delito por denuncia de la autoridad administrativa. Todo ello dar mayor transparencia a la aplicacin de la normatividad ambiental.



1.Vercher Noguera, Antonio, “La Responsabilidad Penal Ambiental”, en La Responsabilidad Ambiental: Penal, Civil y Administrativa, pag. 26, ECOJURIS, Espaa, 2003.

2. Muoz Conde, Francisco y Garca Aran, Mercedes, Derecho Penal Parte General, pag. 306, tirant lo b||anch, Espaa, 2002.




 
   
 
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