Por Alejandro Angulo C.
Delegado de la Profepa en el Estado de México
El pasado viernes 13 de octubre se desplegó una gran movilización social en el municipio de Ocuilan, Estado de México, en la zona de las Lagunas de Zempoala ( del poblado de Santa Marta hasta el Llano de la Piedra en un tramo de 6 km), promovida por la comunidad indígena Tlahuica de San Juan Atzingo y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de dicha entidad, en la que también participaron otros organismos gubernamentales como el Ayuntamiento de Ocuilan, la SEMARNAT, CONAFOR y CONANP, PROBOSQUE y la PROPAEM, asistiendo por otra parte, organizaciones no gubernamentales como Green Peace, y los Comités Sociales de Vigilancia de la zona de Mariposa Monarca y Río Frío. Todos marcharon bajo una sola consigna “Unidos Contra la Tala Clandestina” .
Pero lo relevante de este hecho, no es en sí la propia movilización, sino el significado que tiene desde la perspectiva del control del delito, ya que dicha movilización permitió:
• Romper el silencio al que están sometidas las comunidades y sus integrantes, por parte de la delincuencia ambiental organizada
• Manifestar abierta y públicamente el rechazo a las actividades ilícitas y depredadoras, así como a los integrantes de las bandas delictivas
• Iniciar la recuperación del espacio que ocupan dichas bandas en la carretera y terrenos forestales
• Participar en el aseguramiento de madera que realizó la Profepa, y que pretendían sacar del sitio los talamontes
• Hacer público el frente entre comunidades y autoridades para combatir la tala
• Desencadenar el potencial social para enfrentar y controlar los delitos forestales
• Restablecer la confianza y unidad de la comunidad
• Y empezar a recuperar la gobernabilidad en la zona con la participación activa de los ciudadanos
Entre los distintos mecanismos y vías para el control del delito, y de forma específica de aquellos de carácter ambiental-forestal, como la tala, el transporte, transformación, almacenamiento y comercio de materias primas maderables, se encuentran los mecanismos sociales representados por la ocupación y control del espacio que se disputa, la retención de los recursos naturales, la detención social en flagrancia de los delincuentes, la apertura de zanjas para obstruir los caminos de saca, la denuncia ambiental y penal, el saneamiento del bosque y retiro de madera, ramas, puntas y cortezas producto de la tala ilegal, la reforestación de sitios afectados, el rechazo y condena social de acciones ilegales, el control familiar para evitar que sus integrantes se enrolen en trabajos ilícitos, la defensa de valores éticos en contraposición a aquellos que ensalzan la riqueza ilegal, la corrupción, el robo etc., pero asimismo, las distintas vías como la generación de proyectos alternativos de aprovechamientos legales de los recursos naturales, el ecoturismo, la transformación de la madera con agregado de valor, la formación de empresas sociales, en fin todos ellos que oferten y compitan contra el ingreso, actividades económicas y fuentes de empleos delictivos. No obstante, la reconstrucción del tejido social, de la organización, seguridad y la observancia de la ley, son elementos claves que en su conjunto favorecen y permiten avanzar en el control social de los delitos, que en última instancia, fortalecen el empoderamiento de la comunidad, máxime cuando la autoridad basa su actuación, no sólo en el concurso de la participación social, sino aún más, en la planificación conjunta de acciones y programas que buscan concretizar objetivos de corto y mediano plazo, trabajando de forma coordinada y velando, la autoridad, por la seguridad e integridad de los pobladores que enfrentan la amenaza y el riesgo en sus personas, familias y bienes.
De esta manera, es que el control social del delito se vuelve o torna en una cuestión estratégica, que a su vez, transforma la presencia de la autoridad, en una actuación con bastante legitimidad que contribuye a fortalecer el papel de las instituciones. En toda comunidad local donde funciona el control social del delito, la tarea adquiere un matiz preventivo y disuasivo, y ahí, donde se ha roto, la acción social aporta al restablecimiento de la gobernabilidad.
En las zonas forestales con presencia de delincuencia organizada, regularmente se asocia a comunidades marginadas, con falta de empleo y bajos ingresos familiares, lo que hace vulnerable a la población frente a la oferta delictiva, siendo el camino económico por el cual van minando el control social, es decir, que en estos casos existen variables de orden estructural que abonan el campo para las actividades ilícitas, pero no menos es cierto, que el crecimiento demográfico también representa un factor de presión sobre los recursos naturales, por ende, los lazos sociales establecidos en las comunidades deben mantenerse y reforzarse a partir de actividades comunitarias y económicas, dando cauce al acceso legal a sus recursos naturales, y ahí donde no sea posible, bien pueden ejecutarse programas de subsidios claramente orientados a la conservación, ya que estos juegan un rol muy importante en la contención del fenómeno delictivo, a partir del control social. Visto de otra forma, la participación o involucramiento social, funge como un mecanismo regulador, que desde la perspectiva económica, juega un rol en la distribución de la riqueza natural, que inhibe conductas sancionadas o tipificadas como delitos, en razón de lo anterior, el estado debe privilegiar el encauzamiento de actividades económicas que observen el marco legal, pues ello contribuye al reforzamiento del control social del delito.
La movilización social demostró que la acción punitiva de la autoridad pudo ejercerse bajo el amparo de la población y que ésta, la población, puede empoderarse con el apoyo gubernamental. Tal binomio produce un cambio, y es por eso, que los esfuerzos hay basarlos en la confianza y construcción de capacidades de la población, y a su vez, las redes comunitarias encontraran confiabilidad y certeza en las entidades gubernamentales.
Para concluir, hay que decir que una sociedad fuerte se mide por la capacidad de autorregulación social, y no por la cantidad de elementos policíacos que controlen a los ciudadanos, en este sentido, se busca un sistema de justicia restaurativo basado localmente, que margine el delito, haciéndolo periférico y no como acontece ahora de manera central en la vida social, económica y política. Precisamente cuando se ve rebasado el sistema penal, es un síntoma de la necesidad de un mayor control social, sobre todo en los temas ambientales, en donde entran en juego los recursos naturales, como riqueza de las comunidades, que se ven despojados de ellos en forma abierta y violenta, que vuelve recurrente al ciclo de la impunidad, pues se generan vacíos del sistema institucional, que son ocupados por la fuerza económica y de riesgo, basado en la coerción y ejercicio de la violencia de grupos delictivos.
Ahora bien, ¿cómo podríamos concebir un orden de justicia ambiental, basado en un sistema de justicia restaurativo a partir de lo local?, sí entendemos que por un lado dicho orden busca la seguridad, entonces una parte de la estructura y acciones estarán encaminadas hacia la defensa del territorio y los recursos naturales, la denuncia penal y la detención de los delincuentes, lo cual abona el camino para equilibrar las fuerzas y fungir como un medio de contención, empero, por otro lado, dado que su marco de actuación es precisamente local, se requiere de otras instancias y mecanismos de mediación estratégica para prevenir, intervenir y solucionar conflictos entre las partes contendientes, asignando un peso decisivo a la negociación y conciliación que permita la convivencia social intracomunitaria. De esta manera, se restituye la justicia desde lo local, teniendo como factor disuasivo el empleo del aparato gubernamental, el cual deberá también actuar legitimando la instancia de mediación. Una figura que se aproxima es la del Consejo de Cuenca, que bien pudiera tomarse como base para crear los Consejos de Justicia Local Ambiental, que bajo la lógica legal tengan intervención cuando afecten el interés social y ambiental de los pobladores, bajo un procedimiento de conciliación. |