Lic.
Fernando Montes de Oca y Domínguez.*
“México
tiene en sus bosques y selvas un enorme potencial que debe ser bien
administrado para evitar que la erosión, la tala
indiscriminada, el cambio en la vocación del suelo,
los
incendios y los desastres naturales condenen a la pobreza a 12
millones de pobladores, frenen el desarrollo del país y
comprometan el patrimonio de las generaciones futuras. Estoy
convencido de que las acciones u omisiones de hoy marcarán el
rumbo de las próximas décadas. Por ello, debemos sumar
esfuerzos y seguir trabajando intensamente por un México
Forestal”
Palabras del Lic. Felipe Calderón
Hinojosa el 17 de mayo del 2006
Importancia de la
propuesta presidencial.
Hoy
más que nunca, México
tiene la oportunidad de contar con la voluntad política
expresa del Presidente de la República, quien el 20 de febrero
del 2007, ratifica su compromiso de campaña y asegura cuidar
el avance del Programa Pro-Árbol, al que calificó, no
sólo, como el más trascendente de su administración,
sino al que más quiere. En esa ocasión se firma un
convenio entre SEMARNAT y PNUMA para plantar en un año 350
millones de árboles en México.
Sin
duda,
son altas las metas que se fijaron, que corresponden a lo que el país
requiere y bien vale la pena realizar el máximo esfuerzo a
favor de los 55.3 millones de hectáreas de bosques, selvas,
manglares y desiertos, que aún cubren el territorio nacional y
en especial atender adecuadamente a las personas que integran
aproximadamente 8,500 ejidos y comunidades, con una población
estimada en alrededor de 12 millones de habitantes que son
propietarios del 80% de las tierras.
“…Es
tiempo de lograr, con responsabilidad social, comunidades fuertes en
medio de los bosques y selvas, aprovechar nuestros recursos mediante
la autogestión y el manejo sustentable, cuidar la vegetación
desértica, optimizar la competitividad y alentar el comercio,
la exportación y la diversificación productiva. Debemos
aprovechar nuestra riqueza forestal en beneficio de la sociedad…”
Muchas
personas
que habitan las zonas forestales se caracterizan por ser indígenas
o bien tener altos índices de marginación pero también
hay claros ejemplos de manejo colectivo de recursos forestales a
través de integrar un número significativo de las
empresas forestales comunitarias que operan muy bien y tienen
diversos grados de integración horizontal y vertical.
Objetivos forestales
estratégicos
La
dimensión global de los bosques, el trascendente papel que
universalmente representan en las comunidades receptoras, lo dinámico
y estratégico de la actividad forestal, han logrado que en
México se le considere a partir del 2001 como asunto de
seguridad nacional, ahora hace falta se contemple, al menos los diez
siguientes objetivos estratégicos:
1.
Establecer
en la práctica, una política efectiva de desarrollo
forestal sustentable, sobre la base de una visión sistémica,
de largo plazo y corresponsabilidad del sector público,
privado y social, para sumar voluntades en una decidida participación
de gobierno y sociedad, así como una mayor conciencia y
actitud colectiva hacia bosques, selvas, zonas áridas y
humedales, la cual se traduzca en un esfuerzo constante por mejorar
el desempeño forestal y superar las implicaciones económicas
que representa la baja competitividad nacional que nos ubica en el
lugar 58, de entre 125 países analizados, quedando debajo de
otros latinoamericanos como Chile, Costa Rica y Panamá.
2.
Priorizar los temas en materia forestal, los cuales representan retos
que demandan profundas reformas
en los próximos años,
sólidos y eficientes programas técnicos, incentivos
para los sectores industriales y empresariales, con un enfoque
productivo que
se traduzca en crecimiento y generación de empleos y responda
mejor a las exigencias crecientes de las tres líneas
prioritarias del trabajo gubernamental: desarrollo social y humano,
crecimiento con calidad, orden y respeto. Tenemos que capitalizar ser
el país que más acuerdos de libre comercio tiene con
otros países.
3.
Lograr que efectivamente el aire, suelo, bosques, agua y
biodiversidad, sean asuntos de seguridad nacional, con una gestión,
visionaria, integral, humana y responsabilidad para actuar con
fortaleza en el presente y en el futuro, para aprovechar las
oportunidades de crecimiento sostenido y enfrentar las causas de los
problemas, sin utilizar medidas urgentes que de poco han servido en
el pasado
_________________________________________________________________________________
*Presidente
del “Instituto Mexicano de Derecho Forestal-Ambiental”,
A.C. Coordinador Regional de Norte y Centro América del Grupo
Iberoamericano 6.13.03 de IUFRO. Secretario General del V Congreso
Iberoamericano de Derecho Forestal-Ambiental.
[email protected]
Guadalajara, Jalisco (0133)36306277- 36306359 – 36150473
4.
Impulsar
la conciencia social de que las leyes norman el cuidado del bosque,
pero que la primera responsabilidad recae en la comunidad que vive en
ese territorio y a la que le debe preocupar que sus recursos
naturales sean renovables y perduren así toda la vida, lo que
implica cuidado, manejo, reforestación, preservación,
conservación, aprovechamiento racional, prevención y
combate de las plagas y los incendios, el uso de energías
renovables, etc.,
5. Fortalecer la capacidad
empresarial comunitaria, conquistar mercados, beneficiar actividades
forestales del viverista, recolector de semilla, transformador de
madera, productor de muebles, comercializador, prestador de servicios
profesionales, articulados a través de alianzas estratégicas
que garanticen mejor posicionamiento, con términos claros en
los contratos.
6. Difundir la cultura silvícola
apropiada por la comunidad (adultos, jóvenes y niñ@s).
Promover que la comunidad a través del tiempo, sin descuidar
usos y costumbres, adapte y haga propios los conocimientos
tecnológicos, las prácticas que dan resultados óptimos,
conozca las leyes y cumpla las normas necesarias para que el bosque
perdure para las próximas generaciones.
7.
Despertar
el interés por lo rural y en especial lo forestal; promover el
desarrollo de servicios ambientales, priorizar la captación de
carbono; protección de biodiversidad; servicios hidrológicos;
belleza escénica; ecoturismo; propiedad
de la tierra; fortalecer instituciones cooperativas; reducir costos;
definir mecanismos de pago efectivos y acceso a financiamiento.
8.
Estabilizar
concentraciones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) con
interferencias peligrosas en el sistema climático que permita
a los ecosistemas adaptarse al calentamiento global; asegurar que la
producción de alimentos no se amenace; y que el desarrollo
económico prosiga sustentable.
9.
Considerar
que parte medular del grado de desarrollo forestal de un país,
con visión prospectiva de sustentabilidad, es directamente
proporcional al nivel de valores, educación, capacitación,
innovación, creatividad, ciencia, tecnología,
investigación, desarrollo experimental, mejora continua,
investigación y cultura alcanzado por su población y
reflejado en comportamientos y actitudes congruentes.
10.
Brindar
conocimientos que sean útiles y aplicables para mejorar la
competencia laborar y su desempeño. Ofrecer al creciente
porcentaje de jóvenes del medio rural, que concluye la
enseñanza media o secundaria, una educación que les
ayude a que puedan transformar sus realidades adversas, corregir sus
ineficiencias, solucionar sus problemas cotidianos, realizarse en el
seno de su comunidad como personas, sean más productivos y no
tengan que emigrar.
10
Propuestas de Desarrollo Forestal Sustentable
del Presidente Electo Lic. Felipe de Jesús Calderón
Hinojosa para su período del 1 de diciembre del 2006 al 30 de
noviembre del 2012
Como
parte de una propuesta más amplia de acciones de Desarrollo
Sustentable, el 17 de mayo del 2006 en los
Azufres, Estado de Michoacán, el entonces candidato
presidencial presentó su visión forestal de gobierno:
“Bosques
y selvas.
Por
un México Forestal”.10 propuestas para el desarrollo
forestal sustentable:
Impulsar
el programa Pro-Árbol estableciendo
una mayor retribución económica a los dueños de
bosques y selvas que conserven sus recursos forestales. Además
se promoverá que la conservación forestal atraiga los
beneficios derivados de los programas de Bonos de Carbono.
Conservar
y restaurar el medio ambiente forestal
usando técnicas y especies apropiadas para reforestar 2
millones de hectáreas; controlando plagas y enfermedades;
combatiendo la tala ilegal, la corrupción y el abuso de
autoridades y particulares; y priorizando la conservación y
recuperación de la fertilidad de los suelos.
Alentar
el mejoramiento genético mediante
la producción masiva de semilla forestal mejorada en todas
las regiones del país.
Fortalecer
la Industria Forestal para
generar oportunidades de empleo, incrementar las capacidades
forestales y garantizar el desarrollo forestal sustentable.
Impulsar
las Plantaciones Forestales Comerciales a
través de la participación de propietarios,
productores e inversionistas para lograr, en seis años, 1
millón 500 mil hectáreas, estableciendo paralelamente
proyectos específicos para aprovechar productos no maderables
que generen ingresos a corto plazo.
Integrar
Empresas Forestales Comunitarias a
partir de las condiciones y ventajas competitivas de cada región
en beneficio de silvicultores, ejidos y comunidades indígenas.
Optimizar
Cadenas Productivas para
detonar el desarrollo regional y la creación de empleos,
favoreciendo la comercialización de materias primas y
productos forestales.
Reforzar los
programas y labores de prevención, detección y combate
de incendios forestales y crear la Brigada Nacional Aérea.
Apoyar
la educación, capacitación, investigación y
cultura forestal, vinculando
la formación y asistencia técnica al desarrollo
tecnológico, manteniendo actualizado el Inventario Nacional
Forestal y promoviendo el Programa: “Familia y Escuela:
Siembran Semillas de Futuro” para involucrar a los estudiantes
en el proceso de crecimiento, desarrollo, destino y atención
a los árboles.
Fortalecer
a las instituciones públicas del sector responsables
de operar la política Nacional del Desarrollo Forestal
Sustentable 2007-2012 e implementar las líneas de acción
del Programa Estratégico Forestal México 2025,
estableciendo mecanismos eficaces de monitoreo y validación
de las metas previstas y revisando el marco jurídico del
Desarrollo Forestal Sustentable...”
Programa Pro Árbol.
El
20 de febrero de 2007, al mismo tiempo que se presenta en el Estado
de Tabasco el Programa Pro-Árbol, se publican en el DO los
Acuerdos de
la Convocatoria y las reglas Únicas de operación, en
base a los siguientes CONSIDERANDOS:
“Que con el objeto de
asegurar una aplicación eficiente, eficaz, equitativa y
transparente de los recursos públicos, los programas de las
dependencias y entidades se sujetarán a Reglas de Operación,
conforme a los términos establecidos en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal vigente y
que dicho presupuesto señala que es responsabilidad de las
dependencias y entidades, emitir las Reglas de Operación de
los programas de otorgamiento de subsidios y deben ser ampliamente
difundidas a la población.
Que las Reglas de Operación
deben garantizar que los recursos se apliquen efectivamente al
cumplimiento de los objetivos y metas de los programas autorizados en
beneficio de los sectores o población objetivo, por lo que el
contenido de este acuerdo abroga el Acuerdo por el que se expiden las
Reglas de Operación sustituye a las Reglas de Operación
de los Programas de Desarrollo Forestal de la Comisión
Nacional Forestal, publicado en el DO de la F. del 16 de febrero de
2006.
Que es responsabilidad de la
SEMARNAT y de la Comisión Nacional Forestal, conducir la
política nacional de desarrollo forestal sustentable y definir
los lineamientos necesarios para el cumplimiento e implementación
de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento,
así como diseñar y definir estímulos e
incentivos económicos en materia forestal y expedir las Reglas
de Operación que contengan lineamientos para su aplicación.
Que de conformidad a lo dispuesto
por la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Comisión
Nacional Forestal es un organismo público descentralizado de
la Administración Pública Federal, con personalidad
jurídica y patrimonio propios. La coordinación
sectorial de la Comisión corresponde a la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, de conformidad con las
disposiciones jurídicas aplicables. De acuerdo a dicha Ley, el
objeto de la Comisión Nacional Forestal es desarrollar,
favorecer e impulsar las actividades productivas, de protección,
conservación y de restauración en materia forestal, que
conforme a la Ley se declaran como un área prioritaria del
desarrollo, así como participar en la formulación de
los planes y programas y en la aplicación de la política
de desarrollo forestal sustentable y sus instrumentos.
Que corresponde a la Federación
por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales y a la Comisión Nacional Forestal en el ámbito
de su competencia, conducir, coordinar o participar en la aplicación,
otorgamiento y evaluación de las medidas, programas e
instrumentos económicos y garantizar mecanismos de apoyo para
impulsar el desarrollo forestal sustentable. Asimismo buscar la
ampliación de los montos asignados y el mejoramiento constante
de sus respectivos esquemas de asignación y evaluación,
preferentemente con base en las necesidades y prioridades de las
unidades de manejo forestal y de los propietarios y poseedores de los
recursos forestales.
Artículo 1. Estas
Reglas de Operación establecen las normas y procedimientos de
aplicación general que se deberán observar en la
operación, asignación y ejecución de los apoyos
federales a cargo de la CONAFOR, con la participación que en
su caso corresponda a los Gobiernos de las entidades federativas y
del DF y municipales, y tienen por objeto:
Disminuir los índices
de pobreza y marginación en áreas forestales, mediante
la inducción a un manejo y uso adecuado de sus recursos
naturales.
Generar desarrollo y
expansión económica a partir de la valoración,
conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos de
los bosques, selvas y la vegetación de las zonas áridas.
Impulsar la planeación
y organización forestal, incrementar la producción y
productividad de los recursos forestales, su conservación y
restauración, así como elevar el nivel de
competitividad del sector para contribuir a mejorar la calidad de
vida de los mexicanos.
Dar cumplimiento a las
atribuciones otorgadas a la Comisión Nacional Forestal por la
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento, el
Programa Nacional Forestal y el Programa Estratégico Forestal,
así como a las demás disposiciones normativas
aplicables.”
Programa de Desarrollo
Sustentable
El
19 de mayo de 2006, en el Cañón del Sumidero en el
Estado de Chiapas, el candidato Felipe Calderón, ante un grupo
numeroso de silvicultores, y especialistas en el Medio Ambiente
presentó
su propuesta de Desarrollo Sustentable, la cual describe en un
folleto denominado “CUIDEMOS LA NATURALEZA”. “Que
la naturaleza y cuidado ambiental generen desarrollo y bienestar”.
El documento contiene tres grandes apartados:
Protección
del medio ambiente: contaminación del agua, gases de efecto
invernadero y sustentabilidad energética, calidad del aire
urbano y manejo de residuos sólidos.
Conservación
de los Recursos Naturales.
Agua, biodiversidad y áreas naturales protegidas, BOSQUES Y
SELVAS y Mares y Costas.
Educación
para un Desarrollo Sustentable.
Una cultura del cuidado ambiental.
El
punto 2.3 incluye el Programa Pro-Árbol, la producción
forestal sustentable y el control de incendios forestales. En el
apartado 3 señala: “Por
eso, es muy importante asumir un compromiso para que los programas
educativos incorporen el tema del desarrollo sustentable, fomentando
actitudes y comportamientos favorables para garantizar el bienestar
actual de todos los mexicanos y las generaciones futuras…Establecer,
en conjunto con la Secretaría de Educación Pública,
el programa “siembra semillas de futuro” mediante el cual
se distribuirá el material necesario a las escuelas para
sembrar más de 35 millones de árboles en los siguientes
5 años. Con esto se busca fortalecer la conciencia forestal,
ya que el estudiante dará seguimiento personalizado al proceso
de crecimiento del árbol y será responsable de su
destino y cuidado…”
Marco
Jurídico del Desarrollo Forestal Sustentable
En
una sociedad civil cada vez más participativa,
se requiere promover, con estrategias innovadoras la cultura
forestal, basada en una correcta comprensión de la realidad de
los bosques, su compleja problemática y enormes posibilidades.
De ahí que resulte indispensable promover y difundir el Marco
Jurídico del Desarrollo Forestal Sustentable,
principalmente
entre abogados, estudiantes, comuneros, silvicultores, funcionarios
públicos y privados, como apoyo a la política forestal
nacional.
No
es tarea sencilla disminuir
índices de pobreza y marginación en áreas
forestales, hay que inducir el uso adecuado de sus recursos; generar
desarrollo y expansión económica, a partir de la
valoración y aprovechamiento sustentable de los bosques,
selvas y vegetación de las zonas áridas, sin
comprometer el rendimiento, equilibrio e integridad de los
ecosistemas, para contribuir a mejorar la calidad de vida de de
quienes participan en su gestión; brindar mejor ingreso a sus
propietarios; promover la generación de valor agregado,
diversificar alternativas productivas, crear fuentes de empleo
en
el sector y facilitar el ingreso de divisas al país.
Ha
sido, es y será el mejor instrumento que orienta la gestión
forestal, como espacio de transmisión del conocimiento e
impulso a la participación social, en base a incorporar una
efectiva institucionalidad que regule el manejo de las cuencas
hidrográficas y el ordenamiento territorial, que normen su
apropiación particular, el régimen de reparto, la
tenencia, concesión y aprovechamiento racional e impulsen su
adecuada conservación y restauración, con incentivos
tributarios o ingresos adicionales por ser generadora de
satisfactores (bienes y servicios ambientales).
Por
su naturaleza, se le considera al recurso forestal un bien jurídico
por excelencia, y por ende objeto de regulación, lo que se
refleja en la legislación correspondiente a través del
tiempo y en todos los países. De ahí que
tradicionalmente, proporcione criterios normativos, tendientes a
regular los comportamientos humanos y resolver la problemática
regional y local, que se presentan en el medio forestal, sea
municipal, estatal, nacional o internacional, a fin de que se
garanticen los derechos y obligaciones, de quienes participan y
produzca efectos de orden y legalidad.
El
Derecho Forestal
Mexicano.
El Derecho Forestal Mexicano contiene
un conjunto de conocimientos prácticos, antecedentes
históricos importantes, nacionales e internacionales, siete
leyes y reglamentos, circulares, acuerdos y normas oficiales que lo
distinguen de otras ramas del Derecho, además reúne los
elementos de forma, carácter y fisonomía particular,
requisitos para ser considerado rama autónoma del Derecho,
como disciplina jurídica, con un contenido y ámbito
propio de gran extensión y bastante importancia. Tiene su
teoría general, amplia doctrina, conceptos básicos,
métodos de estudio, se ajusta a la práctica que se
determina por la ley del lugar que lo califica, cada vez más
se consolida como una importante rama especial del Derecho Público,
que se define en relación a su objeto de estudio que son los
recursos forestales y en especial la regulación del marco
jurídico del desarrollo forestal sustentable, para el correcto
manejo y conservación de la biodiversidad en sus ecosistemas.
Son evidentes sus características
y normativas únicas, las que sustentan su reconocimiento y se
estructura alrededor de principios esenciales universales que le dan
identidad propia. También en los últimos años,
es marcado el interés social por el bien común en sus
objetivos, de ahí que al vincularse con el Derecho Público,
se desprendan importantes consecuencias jurídicas que
trascienden del interés particular. Sin duda, muchos de sus
temas guardan una estrecha cercanía especialmente con el
Derecho Ambiental y el Derecho Agrario.
Su relevancia global ha ido en
aumento al ser objeto de múltiples acuerdos y convenciones
internacionales, al trascender fronteras su problemática en un
proceso dinámico de adaptación. Principalmente después
de dos Conferencias de las Naciones Unidas, en 1972, la de Ambiente
Humano efectuada en Estocolmo, como respuesta a los problemas
ambientales generados por la acción humana y que recomendó
fijar políticas, crear instituciones y legislaciones
ambientales. También, la “Cumbre de Río de
Janeiro”, en 1992, cuyas declaraciones y convenios
internacionales acordados, vinculantes y no vinculantes, guían
los objetivos a alcanzar en cuanto al desarrollo sustentable, la
conservación de la diversidad biológica y al rol de los
bosques y tierras forestales.
Desde sus remotos orígenes,
las normas jurídicas de carácter forestal, muestran
determinadas características, principios y contenidos que
están siendo reconocidos universalmente, que han estado, están
y deberán estar en todo proyecto de legislación
forestal. A partir de 1972, algunos autores lo ubican como parte del
Derecho de los Recursos Naturales, otros del Derecho Ecológico
y en especial se incluye su tratamiento en la temática del
Derecho Ambiental que evolucionó y consolido por su
trascendencia jurídica internacional, principalmente en los
últimos 35 años y que busca integrar el análisis
de la problemática ambiental.
Sin duda que existe una estrecha
relación con el Derecho Público y todas sus demás
ramas jurídicas, especialmente con el Derecho Constitucional,
Administrativo, Agrario, Económico, Penal, Procesal y del
Trabajo. Casi todos los países han consagrado
constitucionalmente el derecho de toda persona a un ambiente sano,
limpio y no contaminado y el deber del Estado, de los Gobiernos y de
las personas a velar porque este derecho no sea afectado.
En el México Independiente,
hay que mencionar el decreto de gobierno del 14 de agosto de 1854 que
prohíbe la exportación de maderas de construcción,
el Reglamento expedido por el Ministerio de Fomento el 18 de abril de
1861 para regular las actividades de los cortadores de árboles
en terrenos nacionales. En 1909, se inicia en el país la
enseñanza forestal en la Escuela Nacional Forestal, en la
población de Santa Fe del Distrito Federal, operando la Junta
Central de Bosques y Arbolados de la República Mexicana,
dependiente de la Sección de Agricultura de la secretaría
de Fomento, Colonización e Industria, a cuyo frente se
encontraba Don Miguel Ángel de Quevedo.
Desde 1958, Don Manuel Hinojosa
Ortiz, hacía referencia a la ancha y firme base que ofrece la
Constitución General de la República, en especial su
artículo 27, para levantar sobre ella la estructura de un
derecho forestal que asegure la conservación de los bosques y
el incremento de la riqueza silvícola. Menciona que el
auténtico derecho forestal nace cuando la ley regula la
protección y el aprovechamiento de los bosques en función
de una idea de orden publico y no con vistas a proteger las
relaciones privadas entre el propietario del bosque y terceros que
hagan o quieran hacer uso, por cualquier título, de las
maderas o de la vegetación existentes dentro de cada
propiedad. Afirma que las normas referentes a los árboles y a
los bosques, contenidas en la legislación colonial y las
dictadas desde la independencia hasta antes de la Constitución
de 17, no son propiamente derecho forestal, aunque aparezca en ellas
la preocupación por defenderlos; son en lo general, reglas
para proteger los derechos del dueño del bosque, ya sea éste
la Corona Española, la Nación, el Pueblo o la Comunidad
Indígena o el propietario particular.
Don Manuel Hinojosa y el Dr. Sergio
Encinas, ubican los inicios del derecho forestal mexicano, bajo
condiciones especiales creadas a partir de 1910 y en paralelo a la
revolución Mexicana, con los Constituyentes de 1917, otros
autores mencionan en especial al Ing. Pastor Rouaix, quien invitó
a Don Andrés Molina Enríquez a participar en la
redacción del artículo 27 constitucional, sin que
aceptara el proyecto que le presentó y en que redactaron no
hace referencia expresa a lo forestal.
El 5 de abril de 1926, expide el
Presidente Plutarco Elías Calles, la primer Ley Forestal, con
base en un Decreto del Congreso (25 de diciembre 1925), que le otorgó
facultades extraordinarias para legislar en la materia, la cual se
publica el 30 de abril y su reglamento el 8 de octubre de 1927.
Del
actual panorama de instrumentos de primer orden, como adecuación
reciente a la normativa jurídica, deben considerarse las
disposiciones de la séptima y actual Ley General de Desarrollo
Forestal Sustentable, que se publicó en el DO del 25 de
febrero de 2003 y entró en vigor el 23 de mayo de 2003; su
Reglamento que el 21 de febrero de 2005 y que entró en vigor
el 23 de marzo de 2005. Alienta la
participación social a través de 120 promotorías
de Desarrollo Forestal (Art. 23), 240 Unidades de Manejo Forestal
(Art. 7 fr. XLIII y 112); 32 Consejos Estatales Forestales (Art.157)
y 240 Consejos Microregionales Forestales (Reglamento Interno del
CONAF) y un gran número de silvicultores. Los servicios
técnicos forestales (Art. 7 fr. XXXVIII, 85 y 108).
Promueve
el fomento y la adecuada planeación de un Desarrollo Forestal
Sustentable (DFS) entendido como: “…el
proceso evaluable y medible mediante
criterios
e indicadores
de
carácter ambiental,
silvícola,
económico y social que tienda a
alcanzar
una productividad óptima y sostenida de los
recursos
forestales sin comprometer el
rendimiento,
equilibrio e integridad de los
ecosistemas
forestales, que mejore el ingreso y la calidad de vida de las
personas que participan en la actividad forestal y
promueva
la
generación de valor agregado en las regiones forestales,
diversificando
las alternativas productivas y
creando
fuentes de
empleo
en el sector…”
Art. 30 LGDFS
Para
el DFS y de
acuerdo al Dr. Rubén Jaime Flores Medica, Presidente de la
Academia Jalisciense de Derecho Ambiental, en su obra en prensa
debemos considerar al “Derecho Prospectivo Forestal”,
como: “…aquel
derecho que tiene por objeto el proceso jurídico encaminado a
construir la norma forestal que deba ser vigente en un determinado
tiempo y lugar, y que contenga los elementos que permitan cumplir con
sus fines de: preservación, conservación,
acrecentamiento, utilización racional y sostenida de recursos
forestales, que aseguren la satisfacción plena de las
necesidades de una futura generación…”.
Plan
Nacional de Desarrollo
PND.
Está
en elaboración el Plan Nacional de Desarrollo de la actual
Administración para el período 2007-2012, que sin duda
es un acto administrativo fundamental, de carácter general,
que no tiene el carácter de ley, ya que solamente debe ser
observado por la administración pública, y para que
obligue a los estados y municipios se requiere firmar convenios de
coordinación y para que obligue a los particulares se
requieren convenios de concertación.
En
materia de función pública y de planificación,
son integrales para satisfacer cierta finalidad. Se
consideran los recursos humanos, económicos y materiales; se
establecen prioridades generales, sectoriales y parciales, atendiendo
a la materia y a la región geográfica, de forma
temporal, a mediano o largo plazo; se fijan los plazos para el
cumplimiento de las mismas. De conformidad con los Arts. 25 y 26
constitucionales, el PND persigue garantizar la coherencia de la
acción gubernamental a través de diversos planes. Esto
otorga seriedad a su ejecución, al proyectar uno o varios
fines que señala la Constitución Política. Son
independientes a la forma de su presentación y del lenguaje
técnico empleado en su redacción; instrumentos
jurídicos dictados con apoyo en leyes, aprobados por decreto
del Ejecutivo Federal, publicados en el DOF para su conocimiento
general, e integrados por lineamientos obligatorios para la
administración pública federal; ésta no puede
actuar en contra de las prescripciones de un plan, y más aún,
la programación del gasto público federal, con base en
la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, que
estipula que ha de ajustarse a las directrices y planes nacionales de
desarrollo económico y social que formule el Ejecutivo
Federal.
VII
Sesión del Foro de Bosques de Naciones Unidas
México
participa en la iniciativa internacional “Foro de Bosques de
Naciones Unidas” (FBNU), el cual se constituyó en el
2000, a partir del acuerdo del Consejo Económico y Social de
Naciones Unidas, a fin de promover el manejo, conservación y
desarrollo sustentable de los bosques y fortalecer compromisos de
largo plazo.
La VII sesión se verificó en abril 2007, en la sede de
la ONU en Nueva York, con asistencia de 500 delegados, de todo el
mundo, los cuales comparten la inquietud del destino de los bosques
del planeta, indisolublemente unido al destino de las comunidades
locales, ya que gran parte de los ecosistemas forestales se
encuentran habitados con poblaciones que dependen de manera
importante de los recursos que ahí se encuentran.
Destacó
la iniciativa para aprobar el "instrumento
jurídicamente no vinculante sobre todos los tipos de bosques",
el cual se espera sea el "vehículo
para transformar las políticas del foro en acciones
concretas",
que al no ser obligatorio su cumplimiento, no puede emitir
compromisos cuantitativos, ni mecanismos de monitoreo externo que
garanticen el cumplimiento de metas como reducir la deforestación,
aumentar el área bajo manejo, disminuir el mercado de madera
ilegal, revertir la grave crisis en que se encuentran los bosques,
atender temas emergentes como tenencia de la tierra, combate a las
actividades ilegales, árboles genéticamente
modificados; agua, bosques, energía y cambio climático.
México
apoya el establecimiento y aprobación de los cuatro objetivos
mundiales en materia de bosques, los cuales giran alrededor del
manejo sostenible de los recursos forestales y el incremento en los
apoyos financieros para aumentar la superficie bajo protección
o manejo. Los terrenos forestales tienen enorme potencial para
desarrollar proyectos extractivos, ecoturísticos y de
servicios ambientales, mediante esquemas de manejo forestal
sostenible de los bosques naturales comunes, con prácticas
sostenibles e instrumentos como el desarrollo de empresas
comunitarias, el ordenamiento territorial y el desarrollo de
reglamentos internos.
El
manejo del bosque, bajo la administración comunitaria, es la
mejor estrategia para generar ingresos en zonas rurales, evitar
migración, conservar diversidad biológica asociada y
promover un desarrollo social basado en la participación
local. En México, la constitución de empresas
forestales comunitarias, cuenta con un nivel de desarrollo único,
ha logrado la certificación internacional (FSC) de 75 de ellas
por cumplir estándares ambientales y económicos
equiparables a los observados por empresas en Finlandia, Noruega o
Canadá. Hace falta promover en las cadenas productivas el uso
exclusivo de madera certificada.
La
dimensión social de los recursos forestales impulsa a
fortalecer la acción colectiva por los bosques comunitarios en
todo el mundo. Hace falta establecer acuerdos de concertación
y coordinación, así como reglas de conservación,
aprovechamiento y comercio que faciliten el uso sostenible del
recurso.
La Unidad 6.13.01 de
IUFRO en legislación forestal y los congresos Internacionales.
El desafío que actualmente se
tiene son los problemas y amenazas forestales-ambientales que el
nuevo mundo globalizado impone y poder concordar propuestas de
enmienda o solución a los mismos. Dentro de este amplio marco
de expectativas habrá que recordar los esfuerzos que en esta
misma dirección tiene la creación de la Unidad IUFRO
Iberoamericana de Derecho Forestal-Ambiental 6.13.01 y la evolución
de los congresos que sobre la materia se han efectuado.
Con la Unión Internacional
de Organizaciones de Investigación Forestales (IUFRO), en
Santiago de Chile, durante el desarrollo del IV Congreso, el 28 de
noviembre de 2003 constituimos la Unidad 6.13.01 Iberoamericana de
Derecho Forestal-Ambiental, la cual forma parte del Grupo de Trabajo
13 sobre Leyes Forestales y Legislación Ambiental, dependiente
de la División 6 sobre Ciencias Sociales, Económicas,
Políticas y de Información de este organismo
internacional. Que tendrá su sexta edición en Quito
Ecuador del 27 de agosto al 1 de septiembre de 2007 y se busca
analizar los objetivos promulgados en la
“Declaración del Milenio”(ODMs)
que para el Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi
Annan: “una promesa sin precedentes de los
dirigentes mundiales de abordar, de una sola vez, la paz, la
seguridad, el desarrollo, los derechos humanos y las libertades
fundamentales”.
Se centran en el ser humano, deben
lograrse dentro de plazos definidos y se basan en una alianza mundial
que enfatiza la responsabilidad de los países en desarrollo de
poner orden en sus asuntos y la de los desarrollados de apoyar esos
esfuerzos. Son objetivos alcanzables,
implica pensar globalmente en temas de cooperación y actuar
localmente. Según Juan Carlos Feres
es importante, en el contexto mundial, el compromiso de todas las
naciones por alcanzar objetivos comunes mesurables y cuyo
cumplimiento puede evaluarse a partir de indicadores específicos..
Se considera el ámbito social junto con el económico y
ambiental, y constituyen un marco de trabajo común que
cohesiona los esfuerzos de todo el sistema de ONU.
Combatir
la oferta ilegal de madera, en el mercado de precios, facilita
introducir valores agregados de manejo sustentable en los productos
para el mercado internacional y evita se dificulte que las naciones
superen la pobreza, propicia condiciones para su erradicación,
sin trasladar sus efectos a las poblaciones más pobres. Debe
haber recursos financieros para financiar una producción
sustentable, incluido los costos sociales y ambientales. Esto influye
en 3 problemas fundamentales: la devastación de los bosques,
el uso inadecuado de la tierra y la explotación laboral como
“subsidio indirecto” y forma de competir con los
subsidios de los países desarrollados.
Las
exigencias crecientes de desarrollo social y humano, acorde a los
principios jurídicos, de justicia, equidad, orden y respeto,
así como la realidad del cambio climático, son
factores por considerar
al fortalecer la estabilidad institucional forestal participativa,
pública, privada y normativa que al recuperar
la noción del valor de los bosques y del manejo forestal
asegure
el uso sostenible y la protección de los recursos forestales
en beneficio de las actuales y futuras generaciones. Corregir
el rumbo requiere una postura positiva promisoria y el compromiso de
intervenir en el quehacer formativo de la normativa adecuada, con
altos niveles de calidad de vida y cobertura suficiente, acorde a las
necesidades sociales, económicas, productivas, comunitarias y
sectoriales., con indicadores: ambiental, silvícola,
económico, político y social.
Hoy
más que nunca se debe procurar fomentar el desarrollo
sustentable que supere las confrontaciones ambientales por la defensa
de convicciones aparentemente irreconciliables que, se caracterizan
unas por su exclusivo interés en el desarrollo económico
y una acelerada explotación, sin un compromiso de recuperación
de los recursos naturales, otros que tienden al aprovechamiento
racional y finalmente quienes a ultranza propugnan por su protección
y conservación.
El
futuro de los bosques se decide tanto en el campo como en los
gabinetes gubernamentales, en las oficinas de quienes integran el
sector forestal y en la efectividad en diseñar, con técnica
legislativa-, y aplicar los instrumentos de política pública.
Las leyes regulan el cuidado del bosque, pero la primera
responsabilidad recae en la comunidad que vive en ese territorio y a
la que le debe preocupar su manejo adecuado, a fin de que esos
recursos naturales sean renovables, cuidar que se aproveche sin
afectar su duración permanente, repeler las plagas y combatir
los incendios, con reforestación, restauración,
preservación y conservación.
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