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    Cero tolerancia a la tala ilegal
 


Por Alejandro Angulo C.

El pronunciamiento pblico del Ejecutivo Federal en torno a la poltica pblica de Cero Tolerancia a la Tala Ilegal, como lo hizo el pasado 27 de febrero en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, cuenta con una justificacin, sobre todo para los dos estados que concurrieron al acto, como se trata de Michoacn y Estado de Mxico1. En principio habra que decir que Mxico ocupa el decimocuarto lugar a nivel mundial en superficie forestal contando con 126.9 millones de hectreas; desde el 2005 se intensificaron las acciones, llevndose a cabo 7,015 acciones de inspeccin forestal, 501 rondas de vigilancia y 165 operativos, sobre todo, en las zonas consideradas crticas, y como resultado se aseguraron 25,686 metros cbicos de madera, 505 toneladas de carbn, 765 equipos y herramientas, 501 vehculos, la clausura de 45 centros de almacenamiento y transformacin y se pusieron a disposicin del Ministerio Pblico Federal a 103 presuntos delincuentes y, se aplicaron multas por un valor de 22.1 millones de pesos. Asimismo en este ao se implement el Programa de Combate a la Tala Clandestina, que abarca los tramos de tala, trfico, almacenamiento, transformacin y comercio ilegal en 24 zonas forestales del pas. Y derivado de lo anterior, tambin se instrumentaron los Planes Integrales de Atencin para el Combate de la Tala Clandestina en las principales 7 zonas con mayor incidencia de delitos ambientales.

De acuerdo a la informacin publicada por Semarnat (Gestin Ambiental en Mxico, 2006) se considera que la tala ilegal es el segundo factor de mayor importancia implicado en la deforestacin de los bosques y selvas de Mxico, provocando aproximadamente 8% de la deforestacin anual total. La tala ilegal generalmente afecta a los bosques y selvas mediante la remocin de aquellos rboles de mayor valor comercial, lo que afecta la calidad del ecosistema como hbitat para la biodiversidad, adems de incidir en el valor total del bosque y en los intereses econmicos de los legtimos poseedores de estos recursos. Al perder una parte importante de su valor el bosque se hace ms susceptible a la deforestacin total con fines productivos. Asimismo se estima que en total, la tala ilegal conlleva a la extraccin de, entre 3 y 5 millones de m de madera cada ao, equivalente a, entre 40% y 60% de la produccin anual legal, de alrededor de 8 millones de m por ao. Adems de ser una causa de la deforestacin y del deterioro, la tala ilegal contribuye a la fragmentacin de los ecosistemas, al aumento del riesgo de incendios forestales (ya que se deja mucho material combustible in situ), a la erosin del suelo y a una reducida infiltracin del agua, adems del deterioro de la calidad del hbitat. En particular, los estados de Michoacn y Estado de Mxico, estn considerados como prioritarios en este tema, ya que tan slo en el segundo de ellos, el segundo delito ms importante es la tala ilegal, sumando un total en ao y medio de 764 detenidos que equivale a 1.3 por da.

Ahora bien, la poltica de Cero Tolerancia a la Tala Ilegal no es la suma de acciones o un conjunto de operativos, sino un cambio cualitativo para desarticular a la delincuencia organizada ambiental, contener y reducir la perdida del recurso forestal, restablecer en las zonas crticas la seguridad pblica, mejorar la calidad de vida de los habitantes, crear fuentes de empleo e ingreso bajo un esquema de desarrollo local sustentable y de manera fundamental combatir la impunidad. Para ello, se visualiza un modelo de gestin de proteccin y seguridad pblica basado en la interaccin gubernamental entre las distintas instancias gubernamentales federales y entre estas y los gobiernos de los estados; dicho modelo toma como base, la accin mixta focalizada, es decir, que se atendern, dentro de las zonas crticas, como lo es el caso de Mariposa Monarca, las localidades de mayor incidencia, a fin de orientar los esfuerzos concentrados y dirigidos hacia los ilcitos recurrentes y las bandas que operan, generando una segunda zona mas extensa para el control en movimiento del recurso forestal. En este sentido, la poltica de Cero Tolerancia a la Tala Ilegal busca desarrollar acciones preventivas desde la perspectiva de la actuacin de las policas preventivas (PFP y estatales), la persecucin del delito en el mbito federal (PGR), como del fuero comn, la inspeccin y vigilancia a cargo de la Profepa y organismos forestales estatales y, finalmente, la disuasin y contencin de la operacin armada de bandas organizadas, por cuenta del ejercito mexicano.

Esta combinacin entre flagrancia y persecucin del delito es un mecanismo ms fuerte y efectivo, sobre todo cuando concurren distintas competencias y niveles de gobierno, con el apoyo, por un lado, de la capacidad de fuerza del instituto armado y por otra parte, con la labor de inteligencia que se despliega por los organismos de seguridad.

Ahora bien, esta poltica pblica cuenta con otro componente que atiende a las variables estructurales de orden econmico y social, pues se tiene en cuenta que las poblaciones rurales que ocupan y poseen suelos y recursos forestales exhiben pobreza, reducidos espacios temporales de empleo y propuestas productivas para su desarrollo, de ah que las acciones contempladas en este rubro descansen en el combate a la pobreza, la generacin de proyectos productivos alternativos y sobre todo la puesta en marcha con especial nfasis del programa Pro rbol que va dirigido a las comunidades, ejidos y pequeos propietarios de terrenos forestales para su conservacin, restauracin y aprovechamiento. Este eje que se comparte con los otros niveles de gobierno busca tanto la combinacin de recursos econmicos a fin de lograr una mayor inversin, pero tambin bajo la idea de una planificacin concurrente que incida en la poblacin afectada por el fenmeno de la tala ilegal y la delincuencia organizada.

En este contexto, la poltica de Cero Tolerancia a la Tala Ilegal descansa su coordinacin general en la cabeza del sector ambiental representada por la Semarnat y en cuanto a la particularidad de aplicacin de la normatividad forestal y ambiental reside en la Profepa.

Los dos ejes centrales, de desarrollo sustentable y el de seguridad y estado de derecho se concatenan en una sola pinza, en un marco de justicia integral ambiental abarcando los mbitos social, econmico, de proteccin ambiental y seguridad pblica.

A partir del pronunciamiento del ejecutivo federal y la concertacin con los dos gobiernos estatales, el arranque tuvo su origen en el Estado de Mxico, en el municipio de Temascaltepec dentro del rea natural protegida denominada “Zona Forestal de las Cuencas de Valle de Bravo, Tilostoc, Amanalco y Temascaltepec”, para llevar a cabo la clausura total definitiva de los aserraderos que han incurrido en el almacenamiento, transformacin y comercializacin de madera ilegal, que ha puesto en riesgo inminente de desequilibrio al ecosistema forestal y sus funciones hidrolgicas de esta zona estratgica para el abastecimiento de agua a las dos principales metrpolis del pas (Valle de Toluca y Valle de Mxico), en donde adems de la clausura se desmantel la maquinaria y equipo, as como el decomiso de cerca de 700 m3 de madera. Continuando con recorridos de vigilancia y disuasin para evitar un rebrote de actividades ilcitas forestales.

El segundo frente, en el mes de marzo, donde se ha venido implementado la Cero Tolerancia a la Tala Ilegal, lo fue la Reserva de la Mariposa Monarca en los municipios de Villa de Allende y San Jos del Rincn en el Estado de Mxico y en Lomas de Aparicio en Michoacn sitio en que se asesto un duro golpe al asegurar 664 m3 de madera y el desmantelamiento de dos aserraderos, aparte de los 103 m3 de madera, la ejecucin de una orden de aprehensin por delitos contra el ambiente por la fiscala especial del fuero comn, el aseguramiento de maquinaria de aserraderos ilegales en el Estado de Mxico. As como el reforzamiento de los puntos de control carretero en ambos estados para ampliar la cobertura, adems de la vigilancia disuasiva peridica en los poblados reportados como centros de ilcitos forestales.

Y el tercer frente, hasta el momento, en el mes de abril, lo constituye la zona de Las Lagunas de Zempoala en el municipio de Ocuilan, Estado de Mxico, en donde se llev a cabo un operativo con apoyo regional desde Morelos en Huitzilac y el Distrito Federal en la zona adyacente del Ajusco, en el cual se pudo corroborar la certeza del modelo de accin interinstitucional que arroj resultados positivos, dados por el aseguramiento de madera motoaserrada, el desmantelamiento de 3 centros de transformacin ilegales, la recuperacin y aseguramiento de 13 vehculos con madera y reporte de robo y, la detencin de 7 personas dos de ellas con orden de aprensin por robo y lesiones. Es de resaltarse que debido a la capacidad de fuerza se pudo inspeccionar y actuar en el principal bastin de talamontes y delincuentes que es el poblado de Santa Luca.

El balance inicial de la aplicacin de Cero Tolerancia a la Tala Ilegal, se muestra positivo, con bastante aceptacin y legitimacin de la poblacin local, con apego a la legalidad, respeto a los derechos humanos y, una marcada interaccin institucional tanto operativa y logstica, como de intercambio de informacin y actuacin en el mbito de las respectivas competencias, bajo un objetivo comn.

En esta medida, se asiste de forma objetiva a un cambio sustancial en este tema particular pero de gran envergadura, como lo constituye la tala ilegal, por sus consecuentes impactos que cruzan aspectos no slo ambientales y que para ciertas zonas o como en el caso del Estado de Mxico, es sin lugar a dudas un asunto de seguridad. Por ello, se hace hincapi en que dicha poltica pblica representa un cambio cualitativo en su forma de concebirlo, de tratarlo y resolverlo.

Como un aspecto colateral, el precio de la madera legal ha cobrado su valor real, al ir reducindose el mercado negro y los precios desleales que representa el trfico de productos forestales maderables de procedencia ilegal, con lo cual se fortalece la economa de las comunidades que cuentan con aprovechamientos autorizados y en general, favorece a toda la cadena productiva de la madera. Otro ms de los ngulos, resultado de la aplicacin, se puede observar en la recuperacin del territorio perdido de los ejidos, por la presencia delictiva, en donde sin equvoco, juegan un papel central los Comits de Vigilancia Social de las comunidades que contribuyen a implantar la poltica e incentivar el empoderamiento de las mismas para romper el sometimiento impuesto por la delincuencia organizada.

El papel del Estado en la regulacin de las relaciones de apropiacin del recurso forestal, ms all de su expresin jurdica que es la base, consiste en la aplicacin de la misma norma para abonar relaciones y espacios de certidumbre legal, econmica y de paz social, mediante el ejercicio legtimo, preventivo y disuasivo, de la fuerza institucional y, la inversin pblica para el desarrollo sustentable desde lo local que desvanezca las causas o variables socioeconmicas que han incidido en el fenmeno socioambiental.

As las relaciones de poder inscritas en la lgica del crimen organizado ambiental, deben ser enfrentadas de manera planificada, ordenada, articulada y con capacidad de fuerza y acotada a una poltica pblica como la Cero Tolerancia a la Tala Ilegal, para que brinde transparencia, confianza y participacin ciudadana, pues a su vez, la accin gubernamental se haya regulada por las atribuciones que emanan del conjunto de las normas jurdicas aplicables, sean estas de orden federal o estatal, pero siempre sancionadas constitucionalmente.

Por ltimo, cabe decir que la Cero Tolerancia, es un giro vital en la redistribucin de la riqueza natural, que recupera para los dueos y poseedores del recurso como tambin para los distintos agentes que participan en la cadena productiva, al mismo tiempo que reconstruye economas comunitarias, locales y regionales, y que, en ltima instancia favorece la conservacin de los recursos naturales de bastas extensiones y reas naturales protegidas, incrementando as, nuestro capital natural.




 
   
 
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