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    Acciones Jurdico-Ambientales al alcance de los particulares.
 


G.Alans

Durante la poca de los aos ochenta y principios de los noventas, era comn entre las organizaciones no gubernamentales (ONGs) llevar a cabo sus acciones ambientales de muy diversas maneras. Organizaban marchas y manifestaciones, difundan sus preocupaciones a travs de los medios de comunicacin, mandaban cartas a los funcionarios responsables de estos temas en los distintos niveles de gobierno y, en ocasiones tomaban de manera pacfica alguna dependencia. Hoy en da, dichas acciones se siguen llevando a cabo pero ahora cada vez ms se vienen complementando con el uso de los diversos recursos legales al alcance de los particulares para la defensa del medio ambiente y los recursos naturales de nuestro pas.

Lo que ha sucedido con el paso del tiempo, es que los grupos ecologistas se dieron cuenta que sus acciones a favor del entorno y de la naturaleza podan ser mucho mas slidas si se apoyaban para ello en la legislacin ambiental y otros ordenamientos legales para poder adems fundamentar y fortalecer sus casos. Es decir, la denuncia ciudadana ambiental no debe ni puede ser un “no porque no” a las obras o actividades que se pretendan llevar a cabo en el territorio nacional. Una negativa a un proyecto, un rechazo a un desarrollo implica no solo la simpleza de la negativa sino las razones para oponerse a la misma. Y es precisamente lo que grupos ecologistas hacen cada vez mas, apoyarse en leyes, reglamentos, normas y acuerdos internacionales, adems de tomar en cuenta aspectos tcnicos y cientficos.

Tomando en cuenta lo anterior, a continuacin se hace una breve explicacin de algunos recursos legales al alcance de la ciudadana y de los grupos ambientalistas para que sea a travs de la legalidad y la institucionalidad como se puedan dirimir los conflictos ambientales.

1) Denuncia Popular.- Esta herramienta de defensora ambiental esta contemplada en el artculo 189 de la Ley Ambiental Federal, conocida como la Ley General del Equilibrio Ecolgico y la Proteccin al Ambiente (LGEEPA), vigente en nuestro pas desde 1988. Este artculo establece la posibilidad para que cualquier persona u organizacin de la sociedad denuncien ante la Procuradura Federal de Proteccin al Ambiente (PROFEPA) “todo hecho, acto u omisin que produzca o pueda producir desequilibrio ecolgico o daos al ambiente o a los recursos naturales” o se contravengan disposiciones de esta Ley y otros ordenamientos que tengan que ver con la materia ambiental.

Lo anterior, significa que se pueden denunciar ante las autoridades ambientales asuntos que tengan que ver con daos, afectacin y desequilibrio ambiental pero no slo eso sino que adems se tiene la oportunidad de denunciar aquellas obras u actividades, acciones u omisiones que violenten el marco jurdico ambiental, es decir, se puede denunciar a quienes no cumplen o no hacen cumplir de manera efectiva la Ley, los reglamentos y las normas oficiales mexicanas en materia ambiental. Para que dicha Denuncia Popular pueda prosperar, tiene que presentarse por escrito, el denunciante se tiene identificar con nombre, domicilio y telfono, asentar en la denuncia los hechos constitutivos de las infracciones, aportar los datos del infractor y proporcionar, en su caso, las pruebas respectivas.

Existe la posibilidad de que la Denuncia Popular se presente telefnicamente, estableciendo la LGEEPA que la misma tiene que ser ratificada por escrito “en un trmino de tres das hbiles siguientes a la formulacin de la Denuncia”. Una modalidad muy importante y un tanto novedosa tiene que ver con que si el denunciante as lo solicita a la PROFEPA, su identidad puede mantenerse en reserva. La PROFEPA mantendr en secreto la identidad del denunciante solo s este as lo solicita y ya ser la Procuradura la responsable de darle trmite y seguimiento a la denuncia en cuestin. Esta situacin es an importante en algunas regiones del pas ya que el o los denunciantes y sus familiares sufren, al denunciar, una serie de presiones, amenazas, intimidaciones y golpes, por lo que esta opcin en la LGEEPA da la oportunidad de denunciar y al mismo tiempo mantener, por as convenir a sus propios intereses, su identidad como annima.

Posteriormente, la PROFEPA debe de llevar a cabo las diligencias respectivas para verificar la existencia de lo denunciado e imponer, en su caso las sanciones respectivas a quienes estn violando la legislacin ambiental. Si se tratar de actos u omisiones que pudieran constituir la comisin de algn delito ambiental, la PROFEPA tiene la obligacin de formular ante el Ministerio Publico Federal la denuncia correspondiente. En estos casos, se acude ante la Fiscala Especial para Delitos Ambientales de la Procuradura General de la Republica (PGR).

Tambin existe este medio de defensa en la legislacin estatal en virtud de que despus de la expedicin de la LGEEPA, todos los Estados de la Repblica comenzaron a emitir sus propios ordenamientos en materia de proteccin al ambiente. Estas leyes, sin embargo se caracterizan por ser una copia de la Ley General, por lo que muchas de las figuras como esta aparecen sin cambio alguno.

2) Una segunda opcin al alcance de la ciudadana en materia ambiental es la denuncia penal ambiental. La LGEEPA establece en su artculo 182 que toda persona podr presentar directamente las denuncias penales que correspondan a los delitos ambientales previstos en la legislacin penal local o federal segn se trate. Si como resultado de un proceso se encuentra a alguien culpable de la comisin de un delito ambiental, se hace acreedor a una penal corporal (prisin) y a una multa.

3) Un tercer instrumento de defensa legal ambiental lo constituyen los recursos administrativos de los que dispone el particular, afectado en sus derechos o intereses por un acto administrativo determinado, para obtener una revisin del propio acto, a fin de que dicha autoridad lo revoque, lo anule o lo modifique en caso de encontrar comprobada la ilegalidad o la inoportunidad del mismo.

Aunque este recurso administrativo se encuentre contemplado en forma similar a un juicio (proceso judicial), se diferencia de ste en que se tramita ante la misma autoridad administrativa responsable de haber emitido el acto administrativo que estamos atacando. Este recurso esta regulado en lo general por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo de aplicacin supletoria a la legislacin ambiental (LGEEPA) que contempla este recurso administrativo de revisin en el articulo 180 en el que “las personas fsicas y morales de las comunidades afectadas tendrn derecho a impugnar los actos administrativos” relacionados con obras o actividades que vayan en contra de la LGEEPA, los programas de ordenamiento ecolgico del territorio, las declaratorias de reas naturales protegidas o los reglamentos y normas oficiales mexicanas que se derivan de la misma LGEEPA. Es decir, todo aquello que se considere ilegal por parte de los individuos u ONGs de las comunidades afectadas, podr ser impugnado mediante esta va administrativa.

El plazo que tienen los particulares para poder interponer este recurso es de 15 das hbiles contados a partir de su notificacin, es decir, en el caso del artculo 180 sera a partir de que se tiene conocimiento de alguno de los supuestos contemplados en el prrafo anterior. Ello significa que alguna persona o alguna ONG podra ir en contra de alguna obra o actividad contraria a la LGEEPA dentro de los 15 das hbiles siguientes a que tiene conocimiento de la existencia de esta obra o actividad y la manera de hacerlo es demostrando que en efecto se es miembro de la comunidad afectada acreditndolo con credencial de elector, recibo de luz o telfono y bajo protesta de decir verdad manifestar haber tenido conocimiento de la obra o actividad en cuestin en cierta fecha, y es a partir de esta, que empiezan a correr los 15 das hbiles.

Una caracterstica importante de los recursos administrativos radica en que son optativos cuando existe, en el estado el juicio contencioso administrativo ante el tribunal del mismo nombre. Es decir, cuando el particular se ve afectado por un acto de las autoridades del estado o los municipios, puede presentar el recurso ante dichas autoridades o acudir directamente al tribunal administrativo.

Es importante mencionar que en muchas legislaciones estatales la regulacin del recurso administrativo es sumamente deficiente lo que provoca abusos por parte de la autoridad y el consiguiente estado de indefensin de los particulares, convirtindose en una trampa procesal, ms que un medio de defensa del ambiente, principalmente porque en la mayora de los Estado no existe un artculo similar al 180 de la LGEEPA, lo cual puede provocar que las autoridades no reconozcan el inters de los particulares en la defensa del medio ambiente.

4) Otra herramienta importante es el Derecho a la Informacin que como garanta constitucional esta contemplada en el artculo 6 de la Carta Magna y desarrollado en materia ambiental en la LGEEPA y que en mucho puede fortalecer los casos de las personas interesadas y de las organizaciones conservacionistas en estos temas ambientales. El artculo 159 bis 3 de la LGEEPA establece que “Toda persona tiene derecho a que la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), los Estados, el Distrito Federal y los Municipios pongan a su disposicin la informacin ambiental que les soliciten...”, entendiendo como informacin ambiental cualquier informacin escrita, visual o en forma de base de datos, de que dispongan las autoridades ambientales en materia de agua, aire, suelo, flora, fauna y recursos naturales en general, as como sobre las actividades o medidas que les afectan o puedan afectarlos. La LGEEPA establece determinados requisitos, trmites, plazos, causales de denegacin y medios de impugnacin en materia de informacin ambiental y del acceso a ella que han sido superados por la entrada en vigor de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica Gubernamental (LFTAIPG), publicada en el Diario Oficial de la Federacin el 11 de junio de 2002.

Esta ley tiene como finalidad garantizar el acceso de toda persona a la informacin en posesin de los sujetos obligados (Poderes de la Unin, los rganos constitucionales autnomos o con autonoma legal, y cualquier otra entidad federal) entre los cuales obviamente se encuentran las autoridades ambientales federales. Esta ley establece el principio de la publicidad en toda informacin gubernamental (incluida la informacin ambiental) a la que los particulares tendrn acceso, con excepcin de aquella que este clasificada o que se clasifique como confidencial o reservada, mediante el trmite y procedimientos que la misma ley establece respecto de los cuales ante una negativa de acceso a la informacin se puede acudir en Recurso de Revisin ante el Instituto Federal de Acceso a la Informacin (IFAI) para poder finalmente obtener la informacin.

5) Existen otros dos medios por medio de los cuales la LGEEPA da cabida a la accin ciudadana en materia ambiental. La primera, incorporada en 1996, en el artculo 34, es la llamada consulta pblica mediante la cual cualquier persona de la comunidad de que se trate despus de la publicacin de la solicitud de autorizacin de impacto ambiental, puede solicitar dentro de los siguientes 10 das que la SEMARNAT ponga a disposicin del pblico la manifestacin de impacto ambiental del proyecto para que cualquier interesado a partir de ese momento tenga el plazo de 20 das para proponer el establecimiento de medidas de prevencin y mitigacin adicionales, as como las observaciones pertinentes par que la SEMARNAT agregue dichas observaciones al expediente y consigne en la resolucin que emita, el proceso de consulta pblica realizado y los resultados de las observaciones y propuestas que por escrito se hayan formulado.

Es as como en el procedimiento de Evaluacin de Impacto Ambiental (EIA), la poblacin tiene la posibilidad de participar previamente a la emisin de una autorizacin de impacto ambiental para hacer valer sus derechos e intereses procurando que los proyectos propuestos sean ambientalmente amigables. Similar a esta consulta pblica es la reunin pblica de informacin que se puede llevar a cabo cuando se trata de obras o actividades que puedan generar desequilibrios ecolgicos graves o daos a la salud pblica o a los ecosistemas. En dicha reunin el promovente del proyecto explicar a los asistentes a la misma los aspectos tcnicos ambientales de la obra o actividad de que se trate. Estas acciones de participacin pblica le dan a las causas ambientales la posibilidad de presentar argumentos tcnicos, cientficos y legales en relacin con una obra o actividad sujeta a la EIA, lo que sin duda les dar fuerza a su causa, dejando a un lado la oposicin sistemtica de los proyectos y que por lo mismo es ignorada y menospreciada.

La segunda va es la que se estableci el 21 de abril de 1995 cuando se public en el Diario Oficial el acuerdo de creacin del Consejo Consultivo Nacional y cuatro consejos regionales para el Desarrollo Sustentable. Este acuerdo se basa en las reformas a la Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal de diciembre de 1994, mediante las cuales se cre la entonces SEMARNAP, y que buscaban crear mecanismos adecuados para asegurar la participacin e interaccin de los distintos sectores de la sociedad en la formulacin, aplicacin y vigilancia de las polticas relativas tanto al desarrollo sustentable como a la proteccin ambiental, as como para concertar acciones e inversiones en la materia. El acuerdo tambin se fundamenta en la necesidad de permanencia y estabilidad de la participacin pblica y la consulta popular para asegurar que la planeacin y administracin de los recursos naturales sean acorde con las necesidades y la realidad nacional; y en la obligacin de la Secretara para hacer efectivos los derechos que en materia de participacin se reconocen a los ciudadanos y a las organizaciones sociales en las disposiciones contenidas en diversas leyes (de equilibrio ecolgico, forestal, aguas nacionales, pesca).

Entre las funciones del Consejo Nacional estn la de asesorar a la SEMARNAT en torno a las estrategias nacionales de proteccin ambiental y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, recomendar a la SEMARNAT estudios y acciones en este mbito, evaluar los resultados de las polticas, programas, estudios y acciones especficas y elaborar recomendaciones para mejorar las leyes, reglamentos y procedimientos. Por ello los ciudadanos, individualmente o a nivel de las ONGs, pueden plantearle a estas instancias un caso o una situacin especfica solicitando un pronunciamiento o alguna recomendacin al respecto ante las autoridades ambientales.

Asimismo, existen otros recursos legales alcance de los particulares que estn fuera de la legislacin ambiental y que puede ser igualmente efectivos.

1. Juicio Contencioso Administrativo: Este juicio tiene como materia todas aquellas disputas que se presenten entre los gobernados y la administracin pblica, con motivo de los actos de sta ltima, que ilegalmente vulneren los derechos de los gobernados. Se lleva ante los Tribunales Contenciosos Administrativos de los Estados y ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa dependiendo la competencia del asunto y por lo tanto su procedimiento y trmite varia de Estado a Estado y sea o no de carcter federal, sin embargo tienen todos la naturaleza de un juicio de nulidad, es decir, la sentencia que se dicte deber reconocer la validez de la resolucin impugnada o en su caso declarar su nulidad o su nulidad para determinados efectos.

2. Juicio de Amparo: Como sabemos, el juicio de garantas tiene por objeto proteger los derechos fundamentales de los gobernados (primeros 29 artculos de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos), en contra de los actos arbitrarios del poder pblico (ya sea el poder Legislativo, Ejecutivo o Judicial) que violen dichos derechos, as como ejercer un control constitucional sobre los actos de los tres poderes, es decir, defender la Constitucin en contra de los actos de autoridad que puedan contravenirla asegurando el principio de supremaca constitucional. Este juicio, pionero en el mbito de proteccin de los derechos de los gobernados en Mxico, aun cuando es uno de los juicios y procedimientos mas interesantes y efectivos de nuestro orden jurdico nacional sigue siendo regulado por una ley de 1936 que evidentemente ha quedado desfasada de la realidad y muchos de los principios rectores y disposiciones del juicio de amparo son incompatibles o por lo menos muy difciles de aplicar ante los nuevos derechos reconocidos por el derecho nacional e internacional como lo es relativo al medio ambiente adecuado.

Esto ltimo, sin tomar en cuenta la desnaturalizacin que ha sufrido este juicio a lo largo de los aos con una aplicacin miope, conservadora y a raja tabla de la ley de amparo. Estos y mas inconvenientes que tiene el juicio de amparo para proteger derechos como el que consagra el artculo 4 constitucional de la materia que nos ocupa superan por mucho la extensin de este trabajo pero s podemos comentar que este juicio se utiliza con frecuencia a lo largo de todo el proceso litigioso de los casos ambientales en cualquiera de sus dos modalidades, indirecto o directo dependiendo la naturaleza del acto reclamado y de la etapa procesal por la que se atraviese.

3. Demanda por la va Ordinaria Civil, que con fundamento en los Cdigo Civiles y de Procedimientos Civiles se puede demandar el pago de daos y perjuicios por la afectacin directa e inmediata que alguna obra, actividad u omisin ambientalmente ilegal nos haya causado en nuestro patrimonio.

4. Tambin se tiene la opcin de denunciar ante la Comisin Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para solicitar se nos garantice nuestro derecho a un medio ambiente adecuado consagrado como un derecho fundamental en el artculo 4 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la emisin de una recomendacin a las autoridades responsables de su violacin.

5. En caso de haber daos, afectaciones o contaminacin a cuerpos de Agua, se recomienda acudir ante la Comisin Nacional del Agua (CNA) y presentar ante esta autoridad la denuncia correspondiente.

6. En relacin al actuar o el comportamiento de los funcionarios pblicos, en los casos en los que se considere que sus actuaciones son ilegales, incluso delictivas o simplemente no se apegan a derecho habr de acudir a la Secretara de la Funcin Pblica, anteriormente la Secretara de la Contralora y Desarrollo Administrativo (SECODAM), y hacer la denuncia de hechos correspondiente.

7. En estos ltimos y en algunos otros instrumentos o recursos que los ciudadanos tenemos para defender el medio ambiente mediante la aplicacin del derecho, es visible su debilidad por lo que muchas veces hay que buscar aliados, uno de ellos es la Cmara de Diputados, la cual podra emitir un Punto de Acuerdo a travs del cual se le haga un extraamiento al Ejecutivo en relacin con un caso concreto.

8. Por ltimo, se puede acudir a los recursos contemplados en los Acuerdos Ambientales Internacionales, como es el caso del Acuerdo de Cooperacin Ambiental del Tratado de Libre Comercio (TLCAN), el cual contempla en sus Artculos 14 la posibilidad de que ciudadanos y ONGs interpongan casos en contra de los gobiernos cuando estos no aplican su legislacin ambiental de manera efectiva.

Ante este panorama, es claro que existen muy diversas opciones jurdicas a nuestro alcance para poder buscar la proteccin y la conservacin del medio ambiente y los recursos naturales. Depende en muy buena medida de nosotros y solo de nosotros el ejercerlas y exigir el cumplimiento efectivo de la legislacin ambiental que, de darse, incidira directamente en el estado actual de nuestro entorno. Todo ello, se puede complementar muy bien acudiendo a los medios de comunicacin, los cuales suelen ser muy simpatizantes de la causa ambiental y le generan mucha presin a las autoridades ambientales.




 
   
 
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