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    Aspectos Jurdicos de la Responsabilidad y Reparacin del Dao por movimientos transfronterizos de Residuos
 


Rodolfo Godnez

En el marco del manejo sostenible de los residuos peligrosos, el gobierno de Mxico ha suscrito convenios internacionales que permiten el intercambio, con fines de recuperacin y reciclaje de este tipo de residuos, con pases miembros de la Organizacin para la Cooperacin y Desarrollo Econmico (OCDE). Sin embargo, como toda actividad riesgosa, este movimiento transfronterizo puede ocasionar daos ambientales de difcil o imposible reparacin. Si bien se ha sugerido que dicha reparacin podra plantearse a travs de la figura de la responsabilidad civil objetiva o teora del riesgo, el derecho internacional no reconoce a esta teora como un principio general de responsabilidad, sino en aquellos casos que han sido previa y claramente definidos por convenios internacionales.

En tal sentido, en las ltimas dcadas un gran nmero de instrumentos internacionales se han adoptado en torno a la responsabilidad objetiva y la consecuente reparacin de daos ocasionados a personas, bienes y el medio ambiente. La prctica ms abundante se refiere a tratados limitados en cuanto al nmero de Estados y al tema a regular, por ejemplo las actividades relacionadas con tecnologa nuclear, cada de objetos lanzados al espacio extraterrestre, derrames de sustancias qumicas y vertimientos de petrleo.

Cabe citar que la prevencin del dao transfronterizo est contemplada en los principios 2 de la Declaracin de Ro y 21 de la Declaracin de Estocolmo. Ambos indican, en trminos similares, que los Estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus recursos segn sus propias polticas ambientales y de desarrollo, y la responsabilidad de velar por que las actividades realizadas dentro de su jurisdiccin o bajo su control no causen daos al medio ambiente de otros Estados o de zonas que estn fuera de los lmites de la jurisdiccin nacional.

Dentro del sistema jurdico mexicano, la Ley General del Equilibrio Ecolgico y la Proteccin al Ambiente (LGEEPA) establece como principio general de poltica ambiental el deber del Estado para que las actividades que se lleven a cabo dentro del territorio nacional y en aqullas zonas donde la nacin ejerza su soberana y jurisdiccin, no afecten el equilibrio ecolgico de otros pases o de zonas de jurisdiccin internacional (art. 15 fracc. XIII). En este sentido, corresponde a la federacin atender la contaminacin transfronteriza que tenga su origen en nuestro pas, as como la proveniente del extranjero que dae el equilibrio ecolgico nacional (art. 5 fracc. III y IV).

Asimismo, es obligacin del que realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el ambiente, a prevenir, minimizar o reparar los daos que cause, as como a asumir los costos que dicha afectacin implique (art. 15 fracc. IV). En tal contexto, toda persona que contamine o deteriore el ambiente o afecte los recursos naturales o la biodiversidad, es responsable y est obligada a reparar los daos causados, de conformidad con la legislacin civil aplicable (art. 203). Como consecuencia, son los cdigos civiles de las entidades federativas, tanto sustantivos como adjetivos, los que determinarn la regulacin especfica de la responsabilidad.

La reparacin del dao puede tomar la forma de una restitucin, es decir, restablecer la situacin que hubiera existido de no haber ocurrido el acto u omisin ilcitos aunque en materia ambiental la mayor parte de las veces es imposible la restitucin y entonces procede la indemnizacin, que consiste en el clculo econmico del dao causado, incluyendo los perjuicios correspondientes.

Por otra parte, la Ley General para la Prevencin y Gestin Integral de los Residuos, indica que las empresas que importen o exporten residuos peligrosos sern responsables de los daos que ocasionen a la salud, al ambiente o a los bienes como consecuencia del movimiento de los mismos entre la fuente generadora y el destinatario final (art. 91). En particular, esta Ley exige al solicitante de una autorizacin de importacin o exportacin, la presentacin de una pliza de seguro o garanta que asegure que contar con los recursos econmicos suficientes para hacer frente a cualquier contingencia y al pago de daos y perjuicios que se pudieran causar durante el proceso de movilizacin de los residuos peligrosos. Al fijar el monto de la pliza o garanta, se tomarn en cuenta los convenios internacionales de los que Mxico sea Parte (art. 89).

Al respecto, cabe recordar que en la Quinta Conferencia de las Partes del Convenio de Basilea (Ginebra, Suiza, 6 al 10 de diciembre de 1999), se negoci el Protocolo sobre Responsabilidad e Indemnizacin por Daos Resultantes de los Movimientos Transfronterizos de Desechos Peligrosos y su Eliminacin, cuyo objetivo es establecer un rgimen global de responsabilidad e indemnizacin pronta y adecuada por daos resultantes de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos, incluido el trfico ilcito (art. 1).

Los lmites financieros por concepto de responsabilidad se especifican en el anexo B del Protocolo. Estos lmites no incluyen ni los intereses ni las costas adjudicadas por el tribunal competente (art. 12.1). Tampoco se establece un lmite financiero a la responsabilidad en caso de comprobarse culpa o negligencia (art. 12.2).

Slo se admitirn reclamaciones por indemnizacin cuando se presenten en un plazo de diez aos desde la fecha del incidente (art. 13.1), o bien, cuando se presenten en un plazo de cinco aos desde la fecha en que el demandante conoci, o debi razonablemente haber conocido, el dao, siempre que no se supere el lmite de diez aos (art. 13.2). Cuando el incidente consista en una serie de sucesos que tengan el mismo origen, los plazos establecidos empezarn a correr desde la fecha del ltimo de esos sucesos. Cuando el incidente consista en un suceso continuo, el plazo empezar a correr desde el final de ese suceso continuo (art. 13.3).

Las personas responsables establecern y conservarn durante el perodo del lmite temporal de la responsabilidad, un seguro, bonos u otras garantas financieras que cubran su responsabilidad por un monto que no sea inferior a los lmites mnimos especificados en el Anexo B (art. 14.1).

En dicho Anexo se indica que la ley nacional determinar los lmites financieros por concepto de responsabilidad del notificador, exportador o importador con motivo de un incidente determinado. En cualquier caso, dichos lmites no sern inferiores a un milln de unidades contables para envos iguales o superiores a cinco toneladas; dos millones de unidades contables para envos superiores a las cinco toneladas pero iguales o inferiores a 25 toneladas; cuatro millones de unidades contables para envos superiores a 25 toneladas pero iguales o inferiores a 50 toneladas; seis millones de unidades contables para envos superiores a 50 toneladas pero iguales o inferiores a 1,000 toneladas; diez millones de unidades contables para envos superiores a las 1,000 toneladas pero iguales o inferiores a 10,000 toneladas; y ms 1,000 unidades contables adicionales por cada tonelada adicional hasta un mximo de 30 millones de unidades contables.

Las Partes revisarn peridicamente las cantidades anteriores tomando en cuenta, entre otros puntos, los riesgos potenciales planteados al medio ambiente por el movimiento de los residuos, el reciclaje, la naturaleza, cantidad y propiedades peligrosas de los desechos.

El Protocolo entrar en vigor el nonagsimo da despus de la fecha en que haya sido depositado el vigsimo instrumento de ratificacin, aceptacin, confirmacin formal, aprobacin o adhesin (art. 29.1). Hasta el 25 de octubre de 2004, trece Estados lo han firmado y cuatro lo han ratificado. Mxico no se ubica dentro de los trece signatarios y an no existe consenso en el gobierno federal para adherirse al instrumento, en virtud de que, bajo el principio de responsabilidad subsidiaria, correspondera al Estado cubrir las cantidades sealadas en casos extremos de daos derivados de movimientos transfronterizos de residuos peligrosos.




 
   
 
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