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    La disponibilidad del agua en el Valle de Mxico. Apuntes sobre algunos aspectos crticos.
 


Una aproximacin al problema. Las causas estructurales. Ampudia

En la Ciudad de Mxico se generan las externalidades que impactan ms significativamente la disponibilidad de agua en el Valle de Mxico, por lo que cualquier medida que pretenda contender con las condiciones estructurales que determinan la persistencia del esquema de asignacin adoptado para la regin, debe subrayar la urgencia de que el Distrito Federal asuma los costos de construir y operar los instrumentos jurdicos y econmicos que permitan equilibrar la oferta con la demanda de agua: la estrategia que puede encaminar racionalmente la sustentabilidad de la regin, es la de organizar y regular el mercado del agua como un instrumento de asignacin de recursos escasos.

No se trata, por supuesto, de proponer la pertinencia de la participacin privada en la provisin de sta. Se sugiere que sea la tarifacin calculada conforme a la disponibilidad real y sin perder su carcter social, la que informe a los consumidores sobre su condicin escasa y provea los recursos financieros para atender la insuficiencia de la infraestructura de distribucin del agua potable y la de recarga del acufero. Ello supone, desde luego, la modificacin de la Ley de Aguas del Distrito Federal, a efecto de armonizarla con la legislacin federal y a recomponer el Consejo de Cuenca para que los usuarios puedan reasignar el agua hacia los usos de mayor valor dentro de aqulla, especialmente porque el andamiaje poltico-institucional requerido para imponer el pactum subiectonis -deber de obediencia- a las comunidades que resienten los costos ambientales del modelo vigente, muestra signos evidentes de inoperancia.

Efectivamente, en el Valle de Mxico la disponibilidad anual del agua es la ms baja del pas y presenta una tendencia importante a decrecer, ya que de 182m3 por habitante se reducir a 156m3 para el ao 2025. Adems, esta subregin mantiene un patrn de uso que implica un creciente costo poltico: el 26% del agua que utiliza la Ciudad de Mxico proviene del territorio del Estado de Mxico y el resto lo extrae de los mantos freticos, por lo que depende de la sobreexplotacin del acufero del Valle de Mxico y de la importacin del agua del Estado de Mxico. De dnde y cmo se obtendrn los 25 m3 por segundo adicionales que el Distrito Federal requerir en esta dcada? Cmo puede garantizar que se reduzca la demanda de agua? y Cmo podr costear la extraccin y distribucin del agua sin recurrir a mecanismos de financiamiento distintos al pago de sta?

A las decisiones tcnicas propias del suministro, as, habra que agregar la necesidad de mantener las condiciones de gobernabilidad de la regin y reducir el costo social y econmico de extraer y distribuir el agua en condiciones polticas que cuestionan la equidad de la transferencia . “Si la situacin presentada resulta dramtica, ms lo ser en un futuro no lejano. Se estima que para el ao 2010 habr en el Valle 21 millones de habitantes de los cuales 58% se ubicar en el Estado de Mxico y 42% restante en el Distrito Federal. La demanda de agua se incrementar 10m3/s, que bajo el patrn actual no podrn ser suministrados”. Por ello, este artculo se propone analizar algunos de los aspectos contextuales que influyen en la dinmica y construccin de una problemtica en la que se observan varias dimensiones. Se trata de revisar qu est pasando y cules son las expresiones ms puntuales de la crisis de los componentes institucionales que, en lo poltico y en lo jurdico, han permitido el funcionamiento de las herramientas de un modelo que ya se observa agotado: El dominio del paradigma de la renovabilidad y de la suficiencia irrestricta del agua sostiene un complejo aparato de asignaciones, alianzas polticas y controles, pero la evidencia del carcter crticamente finito del agua en la regin ha puesto en tensin a diversos actores que exigen la modificacin del modelo. Nos centraremos en la subregin del Valle de Mxico y se dejar fuera del anlisis la de Tula , ya que si bien participa como beneficiaria de la recarga incidental de las aguas residuales provenientes de la Ciudad de Mxico, por el momento no le atae la dimensin poltica del problema ya que sta concierne solamente a la Federacin, al Distrito Federal y al Estado de Mxico.

Tambin podemos apuntar que de la manera en que est construida la poltica de uso del agua en la legislacin del Distrito Federal es disfuncional a la bsqueda de una oferta y demanda equilibradas: en tanto no se modifiquen los criterios de fijacin de la tarifa; se establezcan reglas ciertas para que los usuarios puedan participar en la determinacin de los usos prioritarios, en funcin de la eficiencia; se presten servicios de drenaje a los asentamientos que contaminan en la zona de transicin en que se recargan los acuferos; y, el agua se suministre conforme a la racionalidad que sugiere su escasez, la ley local impedir que funcione una economa madura del agua, orillando a la regin a enfrentar un conflicto muy severo provocado por la disponibilidad decreciente.

La dimensin poltica. El federalismo hidrulico

Los aspectos centrales de la dimensin poltica del problema, se explicaran por el relajamiento de diversos controles y el cuestionamiento crtico de valores y principios que han permitido histricamente a la Federacin arrogarse la identificacin con el inters nacional y por ende, los derechos de propiedad de las aguas nacionales. No es, en lo general, un diferendo exclusivo del Valle de Mxico, pero sus peculiaridades en esta regin han revelado que los componentes polticos indispensables para hacerlos valer ya no funcionan adecuadamente y se evidencia la inoperancia del federalismo en cuanto sistema de distribucin de facultades entre la Federacin y los estados cuando se trata de bienes ambientales, ya que su gestin no puede constreirse a la divisin poltica del pas sino que est presente otra lgica que tiene, al menos, una dimensin regional. Por eso, la primera lectura que ofrecen los criterios de dotacin del agua obliga a ponderar los intereses que compiten para obtenerla y que se ponen en tensin cuando vara la disponibilidad, porque tienen la capacidad de expresarse en trminos polticos. Un ejemplo de ello, sera el caso de las mujeres mazahuas, ocurrido recientemente.

Veamos, pues, los referentes tericos cuya revisin incide en la necesidad de reinterpretar el contexto:

a) El corrimiento conceptual que considera a la “Nacin” como una categora equivalente al de “Federacin”, hacia la redefinicin que la asume nicamente como representante de la Nacin, restituyndole a sta su acepcin sociolgica;

b) El reposicionamiento de los intereses locales como una serie de valores compartidos por la comunidad y las autoridades y que son oponibles a las determinaciones adoptadas por las autoridades federales. El criterio de administracin del agua por mercados regionales aparece, en este contexto, como una formula intermedia;

c) La eficacia de los mecanismos de autoridad que han permitido a la Federacin mantener el rgimen de asignacin administrativa del agua a las entidades federativas, es decir, el acatamiento de las facultades de auctoritas y de imperium de las autoridades federales;

d) El reposicionamiento del uso de mecanismos econmicos que inciden sobre el aprovechamiento de los bienes ambientales, como es la valorizacin del agua.

La dimensin jurdica. De la asignacin local a la asignacin regional.

Con las reformas a la Ley de Aguas Nacionales, publicadas en el Diario Oficial de la Federacin del 29 de abril del presente ao, se incorpor un cambio conceptual en la poltica regulatoria que habr de impactar las inercias burocrticas en cuanto a la asignacin del agua se refiere: de un rgimen centralizado, se pasar a otro basado en la organizacin y regulacin de mercados regionales del agua. “Si se considera que transportar agua a grandes distancias es sumamente costoso, en la prctica no es econmicamente factible aminorar la asimetra existente entre la oferta y la demanda del recurso en el norte y el centro del pas, lo que origina la existencia de mercados de agua localizados regionalmente. De esta manera, los problemas de asignacin de agua en una cuenca tienen que ser resueltos en su mbito geogrfico”. En consecuencia, los actores regionales -polticos y econmicos- debern alinearse para organizar su funcionamiento.

Por ello, sin duda el Distrito Federal requiere adaptar su legislacin, ya que el conflicto de leyes provocado por una diferencia evidente de criterios regulatorios deber resolverse a favor del ordenamiento federal, con el propsito de construir un sistema normativo coherente que facilite el funcionamiento adecuado del Organismo de Cuenca del Valle de Mxico. Si bien el artculo 115 Constitucional no es aplicable en el contexto de una interpretacin rigurosa como para obligar a reformular aquel ordenamiento, el artculo 133 podr contribuir a resolver un posible conflicto material de leyes, al ordenar la supremaca de la federal frente a la local, respecto de las normas que pugnen entre s.

Esta cuestin quizs deba examinarse tambin a la luz de su constitucionalidad, porque el rgimen de otorgamiento de derechos de agua -cuyo ttulo ahora llama de “asignacin”- cambi sustancialmente para reservar a los municipios, entidades federativas y al Distrito Federal, una serie de obligaciones precisas para solicitar y operar el ttulo, pero que eran inexistentes en la legislacin anterior a la reforma. Si a ello aunamos, que la concesin otorgada al Gobierno del Distrito Federal en 1996 para recibir agua en bloque proveniente del Estado de Mxico, no se ha extinguido por no haber concluido su vigencia, encontraramos que la mera entrada en vigor de las reformas no se traducir, lamentablemente, en una replanteamiento inmediato del esquema formal de consumo del agua, en la regin.

Incluso, aunque ya existe una comisin metropolitana para atender la coordinacin de las distintas jurisdicciones en materia de prestacin de servicios de agua potable y drenaje, que si bien podra contribuir a formalizar la discusin de los aspectos propios de la atencin regionalizada de este servicio, no resultara suficiente para atender eficazmente la problemtica regional, sino que se requiere, insistimos, la redefinicin de la poltica jurdica que habr de incidir en las causas que atentan contra la disponibilidad del agua en la cuenca.

Esencialmente, los modelos jurdicos de una y otra ley discrepan en cuanto al rgimen previsto para el uso domstico y pblico urbano. Para la Ley de Aguas del Distrito Federal:

a) El suministro es obligacin gubernamental, debe ser suficiente y libre de interferencias y en caso de falta de pago nicamente puede ser restringido, pero no puede negarse, mientras que la federal estima que aqul quedar sujeto a la disponibilidad real, pudiendo suspenderse o revocarse la asignacin cuando no se paguen los derechos correspondientes;

b) La tarifa debe calcularse siguiendo una poltica de precios apropiada paras zonas marginadas o de vivienda popular, considerando la capacidad de pago de los distritos diferentes estratos de usuarios y asegurando que el servicio sea accesible para todos, mientras que la federal establece que la valorizacin econmica del agua debe calcularse segn su disponibilidad real;

c) Los servicios hidrulicos, entre ellos el drenaje y el alcantarillado, no pueden prestarse a quienes habiten en asentamientos humanos irregulares en suelo de conservacin. Para la Ley de Aguas Nacionales, la contaminacin que se genera en a los mantos freticos provocada por la falta de servicios de drenaje, exige que la Comisin Nacional del Agua intervenga para sancionar y fincar la responsabilidad derivada de los daos causados y exigir su reparacin a quienes hacen las descargas. Por supuesto, el impedimento legal que tiene la autoridad local para prestar esos servicios tiene implicaciones paradjicas: si lo hace violara la ley y si se abstiene seguir contaminndose el agua en la zona de transicin, de importancia relevante para la recarga de los sistemas acuferos;

d) La prioridad de los usos puede variar en funcin del tipo de usuarios unificados en listados de colonias catastrales. Para la legislacin federal, la prioridad de los usos se concertar en el seno del Consejo de Cuenca, en coordinacin con el Organismo de Cuenca, siendo el uso pblico urbano y el domstico intransmisibles y preferentes a cualquier otro; y,

e) La gestin hdrica est encomendada a un organismo pblico descentralizado, que tiene a su cargo la prestacin de los servicios hidrulicos que corresponden originariamente al Gobierno del Distrito Federal. La legislacin federal previene la posibilidad de constituir entidades paraestatales o paramunicipales, o bien, concesionar a particulares, la prestacin de los servicios y la constitucin de la infraestructura, as como para establecer sistemas regionales de tratamiento de las descargas de aguas residuales y su reso.

Cabra agregar, que resulta obvio que la problemtica regional deber resolverse con criterios regionales: el patrn de suministro, distribucin y utilizacin vigente hasta ahora, exige repensar soluciones en el contexto de una probable disputa por los derechos sobre el -agua propia de escenarios de una disponibilidad critica, es decir, de escasez,- repensando los mecanismos ms adecuados para garantizar la provisin de un recurso insustituible y escaso.




 
   
 
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