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    Derechos Humanos y Rgimen Jurdico Ambiental
 


Dr. Sergio Garca Ramrez

Tenemos a la mano un producto del talento y la voluntad de abogados que cultivan el Derecho ambiental. La Revista de este nombre llega a tiempo para coincidir con otros esfuerzos en el mismo campo. Ojal provoque nuevas reflexiones y nutra las acciones que se hallan en marcha. Hay que felicitar a los fundadores y animadores de la Revista —particularmente al Director General, licenciado Salvador Muuzuri Hernndez—, a sus colaboradores y favorecedores por haber dado este paso adelante, que no ser fcil —no lo son ni la lucha por el derecho ni las tareas editoriales—, en una direccin necesaria. As se anunci desde el primer nmero, que ofreci registrar el debate siempre activo —y participar en l, por supuesto— entre el Derecho, que tiene sus reglas, y la ecologa, que plantea sus exigencias. No existe forma —forma racional, se entiende— de suprimir aquellas y desatender stas.

En las ltimas dcadas, los mexicanos hemos construido derechos, libertades e instituciones. A esto se aplicaron el talento y el esmero, la decisin y la integridad de varias generaciones. En ese tributo al progreso figuran los abogados. Entre las aportaciones de los juristas cuenta el desarrollo de nuevas dimensiones de nuestra disciplina, que sirven a las necesidades y las esperanzas de la nacin. Ah est el Derecho ambiental, o quizs mejor, la dimensin ambiental del Derecho: una dimensin expansiva, requirente, que ha llegado a todo el sistema jurdico. Alojada en la Constitucin, puebla tambin otros ordenamientos. Y desde ese punto permea —o lo pretende, porque an enfrenta resistencias, menudas o gigantescas— todo el quehacer de la sociedad moderna y de quienes cifran sus esfuerzos en el aprovechamiento racional de los recursos que tenemos y la preservacin de los que otros hombres debieran tener.

No se abarca fcilmente el orden jurdico ambiental: su riqueza, y al mismo tiempo su complejidad, radican en la condicin interdisciplinaria que tiene y en el carcter transversal de la normativa y las actividades ambientales —como lo destaca la Revista “Derecho Ambiental y Ecologa”—, que se proyecta en esa poltica ambiental como accin plural e integrada a la que alude un artculo de Gabriel Vsquez Snchez, y en esas acciones a partir de la SEMARNAT, que se describen en una entrevista con el ingeniero Ral Tornel.

Hace algn tiempo, no mucho, este tema se hallaba fuera de nuestro inters. El advenimiento reciente y el desarrollo paulatino, a partir de 1971, son tema de la entrevista con la doctora Mara del Carmen Carmona, mi colega en el Instituto de Investigaciones Jurdicas de la UNAM. Con mentalidad de herederos, no de testadores, entendimos que la naturaleza era un don tan irrevocable como inagotable, que podamos utilizar como los antiguos romanos emplearon la propiedad: desde el uso hasta el abuso, sin mesura ni temor. Olvidamos que el Digesto romano entendi, previsor, que contraviene las buenas costumbres —las bones mores— quien ensucia las aguas y contamina la tierra en perjuicio pblico. Y dejamos que el viento disipara la precaucin contenida en la Nueva Recopilacin, hace medio milenio, que orden a nuestros antepasados no destruir los montes. Ignorantes o desmemoriados, y en todo caso negligentes, nos entregamos a la devastacin. Y aqu estamos, cosechando lo que sembramos y haciendo un acto de contricin, que ojal no resulte tardo. Sin embargo, el tiempo ha corrido y las cosas, en este curso, comenzaron a cambiar. Primero, los conceptos; luego, los comportamientos.

La conciencia ambiental de la humanidad despert en la vspera del agotamiento de nuestros recursos. Despert exactamente como la conciencia de la paz, animada al cabo de dos guerras catastrficas. Por lo visto, necesitamos sacudidas de esta naturaleza, que nos hagan entender y emprender. En esta nueva crnica de los esfuerzos colectivos, precisamente en aras de la colectividad, se han sucedido varios tiempos, que se entrelazan y complementan, al cabo de su propia dialctica, y que en esta labor histrica han formalizado dos captulos, o mejor todava, dos facetas, mutuamente complementarias, del orden jurdico ambiental: la colectiva, que aborda el tema desde la perspectiva de la comunidad —de la nacin, de la humanidad—, y la individual —que la examina desde el ngulo del individuo, el ser humano: sus exigencias y su destino. En este ejercicio, la doctrina ha destacado ciertas referencias fundamentales, factores de creacin, interpretacin, revisin de los ordenamientos ambientales: soberana, cooperacin, inters compartido y herencia de la humanidad.

Uno de aquellos captulos o facetas, en el que tambin ha figurado Mxico con grande y meritoria dedicacin, tuvo como divisa la preservacin de los recursos naturales concebidos como recursos nacionales. Hace medio siglo, la Resolucin 626 (VII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del 21 de diciembre de 1952, destac el derecho soberano sobre las riquezas naturales, un derecho que hallara acomodo, veinte aos despus, en un texto patrocinado por Mxico —y que lamentablemente nos hemos esforzado en olvidar, mejor que en recordar—, la Carta de los Derechos y Deberes Econmicos de los Estados, adoptada por la Resolucin 3281 (XXIX) del 12 de diciembre de 1974, cuyo artculo 2 , prrafo I, previene: “Todo Estado tiene y ejerce libremente soberana plena y permanente, incluso posesin, uso y disposicin sobre toda su riqueza, recursos naturales y actividades econmicas”.

A ese captulo, que se podra llamar de reivindicaciones, seguira —no para relevarlo: slo para complementarlo, enriquecerlo— otro de solidaridades. Me parece que en este sentido habra que citar algunas afirmaciones de la famosa Declaracin de Estocolmo, adoptada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, de 1972. En ella se dice que “los recursos naturales de la Tierra, incluidos el aire, el agua, la tierra, la flora y la fauna y especialmente muestras representativas de los ecosistemas naturales, deben preservarse en beneficio de las generaciones presentes y futuras mediante una cuidadosa planificacin u ordenacin, segn convenga”. Y se subraya que “de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y con los principios del Derecho internacional, los Estados tienen el derecho soberano a explotar sus propios recursos en aplicacin de su propia poltica ambiental, y la obligacin de asegurarse que las actividades que se lleven a cabo dentro de su jurisdiccin o bajo su control, no perjudiquen el medio de otros Estados o de zonas situadas fuera de toda jurisdiccin nacional”. En la misma lnea se halla el principio 2 de la Declaracin de Ro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, de 1992.

Tambin alud a una vertiente individual. Mis colegas suelen valerse de una conocida figura para exponer la historia de los derechos fundamentales. Hablan de sucesivas generaciones creadoras, cada una con su propia aportacin a esta cultura comn y a esa liberacin individual y colectiva. Una primera generacin obtuvo los derechos polticos y civiles: sobre todo, vida, libertad, seguridad, que no fue poco. Otra —cuya carta de advenimiento se halla en la Constitucin de la Repblica Mexicana, entonces revolucionaria y social— sembr la semilla de los derechos econmicos, sociales y culturales. Y otra generacin —la de hoy— reclam un tercer conjunto de derechos fundamentales, que algunos llaman derechos de solidaridad, y que son, en rigor, el medio propicio a la realizacin y la prosperidad de todos los restantes: su propio ambiente natural.

Vuelvo a la Declaracin de Estocolmo, cuyo primer principio pone las cosas como hay que ponerlas desde el inicio: “El hombre —dice con nfasis— tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligacin de proteger y mejorar el medio para las generaciones presentes y futuras”. He aqu una carga doble de prerrogativas y compromisos: si derecho fundamental, por una parte, tambin deber imperioso, por la otra. Derecho a disponer del medio que envuelva, proteja, asegure la libertad y, en seguida, todos los derechos que las declaraciones y los estatutos proclaman; pero tambin obligacin de proteger y mejorar ese patrimonio para que otros, despus, lo reciban engrandecido.

En 1966, las Naciones Unidas culminaron la aspiracin de trasladar los postulados de la Declaracin Universal de 1948 a unos tratados —inequvocamente vinculantes— que contribuyeran a establecer la nueva Carta Magna del ser humano. A los dos Pactos de derechos —civiles y polticos, uno, y econmicos, sociales y culturales, otro— se ha querido aadir un tercer pacto internacional en el que consten los derechos de la solidaridad; entre ellos, derecho a la paz, derecho al desarrollo, derecho a un ambiente sano y derecho a un patrimonio comn de la humanidad.

La Resolucin 41/128 de la Asamblea General de Naciones Unidas, del 4 de diciembre de 1986, aludi a un derecho humano al desarrollo —en una de las acepciones que se puede atribuir a este concepto— y sostuvo, conjugando lo individual y lo social, que aqul “implica tambin la plena realizacin del derecho de los pueblos a la libre determinacin (e) incluye, con sujecin a las disposiciones pertinentes de ambos Pactos Internacionales de Derechos Humanos, el ejercicio de su derecho inalienable a la plena soberana sobre todas sus riquezas y recursos naturales”.

La Declaracin de Ro postul que “los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armona con la naturaleza”. Y la Declaracin de Viena, emitida por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, de 1993, en la que se hizo la primera gran recapitulacin sobre el estado que guarda esta materia y el destino que pudiera tener en el cruce entre dos siglos, confirm el derecho al desarrollo. Este, indic el prrafo 6 bis, “debe realizarse de manera que satisfaga equitativamente las necesidades en materia de desarrollo y medio ambiente de las generaciones actuales y futuras”. Empero, la Declaracin sobre Desarrollo Sostenible, de Johannesburgo, del 2002, fue mucho ms cautelosa, e incluso reticente, en el acento sobre la relacin entre proteccin del ambiente y derechos humanos.

El Consejo de Europa, que ha logrado colocar ms de cuarenta pases en el marco de una Convencin sobre Derechos Fundamentales que alcanza a ochocientos millones de seres humanos, tambin ha pugnado por el reconocimiento del derecho del individuo al medio ambiente. En 1990 se propuso una Carta y una Convencin Europeas sobre proteccin ambiental y desarrollo sostenible, cuyo artculo 1 podra sealar: “Todas las personas tienen el derecho fundamental al medio ambiente y a vivir en condiciones propicias para su buena salud, bienestar y pleno desarrollo de la personalidad humana”.

Pero tambin en Amrica hay entendimiento sobre el carcter primordial del derecho humano a un medio ambiente sano, que es el epgrafe del artculo 11 del Protocolo de San Salvador, de 1988, ratificado por Mxico. “Toda persona —dice este instrumento— tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano”. Adems, “los Estados partes promovern la proteccin, preservacin y mejoramiento del medio ambiente”.

No sobra reiterar que segn el carcter progresivo que se asigna a los derechos de este carcter —conforme a la Convencin de 1969 y al Protocolo de San Salvador— los Estados partes —entre ellos, repito, Mxico— se hallan obligados a adoptar las medidas necesarias, hasta el mximo de los recursos disponibles, para alcanzar la plena efectividad de este derecho, como de los otros que el Protocolo reconoce (artculo 1). En tal virtud, hay aqu un franco reconocimiento del derecho humano al medio ambiente sano y del deber estatal de actuar en esta direccin: un deber de acciones directas, pero tambin de iniciativas y protecciones que generen las indispensables acciones y abstenciones de terceros.

En el proceso de actualizacin de la Constitucin mexicana, que lejos de ser un texto envejecido es un instrumento constantemente renovado, que mantiene lozana al cabo de casi un siglo, el tema ambiental ha encontrado recepcin favorable. Hay, pues, un Derecho constitucional ambiental, que distribuye deberes entre los planos del Estado mexicano, y por este conducto genera derechos y anima esperanzas de los ciudadanos. El tema ambiental ha encontrado acomodo en las Constituciones de nuestro tiempo: ms de un centenar recogen esta materia, generalmente a travs de la precisin de deberes pblicos y derechos individuales y sociales.

El bien jurdico que la ley fundamental aloja, se explaya luego en protecciones de distinto carcter en el campo de las relaciones jurdicas especficos: Derecho administrativo ambiental, Derecho penal ambiental, Derecho agrario ambiental, Derecho civil ambiental, Derecho internacional ambiental, punto de confluencia, pero tambin de conflicto, de las corrientes que produce el inters nacional, no siempre bien avenidas con el inters universal. La existencia, cada vez ms notable, vigorosa e influyente de este Derecho internacional, fortalece la afirmacin que hace el doctor Ricardo Snchez Sosa, Director de la Oficina Regional para Amrica Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA): hay que actuar dentro con el pensamiento puesto en el mundo entero; o bien, en sus propias palabras, “pensar global y actuar local”.

La doctrina del Derecho ambiental ha sealado ciertos principios de esta disciplina, que son el producto de su historia, la referencia de su interpretacin y el guin de su desarrollo: soberana, solidaridad, prevencin, responsabilidad, constituyen, entre otros, algunos de los conceptos, las ideas-fuerza, los factores ticos y jurdicos, que confieren sentido y destino a esos principios. En la Revista “Medio Ambiente y Ecologa” se examina algunos de estos conceptos, como lo hace, por ejemplo, Csar Nava Escudero con respecto a la precaucin y a la prevencin

Por supuesto, nadie es titular exclusivo y excluyente del derecho al ambiente sano. Lo somos todos. De ah su carcter de derecho colectivo o inters difuso. Y de ah algunos de los problemas que presentan su desenvolvimiento y concrecin. El tema de la proteccin, que entraa el de la exigibilidad y en seguida el de la judiciabilidad, constituye una de las cuestiones arduas de esta materia. Cuestin que debe ser atendida para evitar que la carencia de medios para reclamar ese inters y actuar ese derecho convierta uno y otro en ilusin dependiente de la buena voluntad, mejor que de la justicia. La jurisdiccin interna ha desenvuelto, en diversos pases, la tutela del medio, que tampoco debe ser ajena a los cuidados de la institucin del ombudsman, sea el de alcance general, sea el de competencia ambiental especfica, como lo ha propuesto en las pginas de “Derecho ambiental y ecologa” el recordado profesor Ral Braes, y lo ha promovido el senador Oscar Cantn Zetina.

En este camino avanz notablemente la Convencin sobre acceso a la informacin pblica y acceso a la justicia en materia ambiental, suscrita en 1998. He ah algunos derechos procesales necesarios para la vigencia autntica de los derechos sustantivos. Estos no pasaran de ser declaraciones plausibles si los particulares no dispusieran de los medios para trasladarlos del papel a la realidad. En la Revista “Derecho ambiental y ecologa” figuran importantes presentaciones sobre esos temas, entre ellos la deliberacin acerca de la tutela de derechos a partir del inters jurdico o el inters legtimo, punto que analizan, entre otros juristas, Lucio Cabrera, Eduardo Ferrer McGregor y Mara Elena Mesta, autora de sugerentes comentarios a la jurisprudencia federal.

Al lado de las instancias nacionales de proteccin ha habido algunas apariciones internacionales. Entre ellas conviene recordar los importantes procesos ante la Corte Internacional de Justicia planteados a propsito de las pruebas nucleares, atmosfricas o subterrneas, entre Nueva Zelanda y Francia, en 1973 y 1995. No slo los individuos pueden concurrir al foro de la jurisdiccin, reclamando sus derechos humanos, sino tambin los Estados, rescatando los intereses colectivos que representan. Lo que ha sido inslito, pudiera convertirse en frecuente cuando la conciencia ambientalista se ponga en pie y transite todos los caminos que deba recorrer. El mismo tribunal de la Haya, en su opinin consultiva sobre armas nucleares, de 1996, y en la sentencia del caso Gabikovo-Nagymaros, de 1997, sometido por Hungra y Eslovaquia, apreci el deber jurdico internacional de no daar el ambiente.

La materia ha llegado, desde luego, a las jurisdicciones de derechos humanos. En su medio siglo de labor, la Corte Europea se ha pronunciado varias veces sobre este asunto, sorteando los problemas que representa la aparente impertinencia de atribuir al Estado violaciones a derechos humanos, y por lo tanto, responsabilidades internacionales, cuando la fuente del dao se halla en personas o empresas particulares. Pero aqu opera la doctrina de la responsabilidad del Estado por accin o por omisin de sus rganos o agentes. En la jurisprudencia ms reciente del Tribunal de Estrasburgo figuran resoluciones innovadoras que encuentran el vnculo entre vida privada y dao al ambiente, como las pronunciadas en Lpez-Ostra v. Espaa, en 1994, acerca de la contaminacin ambiental y el dao a la salud causados por las emanaciones de una planta industrial; y en Hatton y otros v. Reino Unido, de 2001 y 2003 —primera y segunda instancias— a propsito de la contaminacin por ruido en torno al aeropuerto de Heathrow.

El tema, desarrollado en esas jurisdicciones, comienza a llegar al sistema interamericano de proteccin de los derechos humanos, tanto a travs de la Comisin como de la Corte Interamericanas. En este tribunal hizo una primera aparicin en la sentencia del caso Mayagna (Sumo) Awas Tingni v. Nicaragua, de 2001, en el que se hace referencia a la relacin especial que existe —ms all de la propiedad inmobiliaria— entre las comunidades indgenas y las tierras en las que han hallado su asiento tradicional o ancestral, relacin que incluye elementos espirituales y culturales que generan una realidad distinta de la que pudiera encontrarse en otros lugares, donde slo tiene relevancia el derecho de propiedad. Este punto, asociado a la preservacin de la cultura original de nuestros pueblos, ha vuelto a la jurisdiccin interamericana en un caso de estos das: Masacre Plan de Snchez.

Desde luego, las consideraciones ambientales pueden analizarse desde la perspectiva de otros derechos, frecuentemente invocados ante la Corte: derecho a la vida y derecho a la integridad, por ejemplo, sobre todo si se toma en cuenta la evolucin que ha tenido aquel concepto en la reciente jurisprudencia contenciosa, que ya no slo contempla bajo el artculo 4 de la Convencin Americana el derecho a la vida, escuetamente, sino el derecho a cierta calidad de vida.

No debo ir ms lejos en este comentario suscitado por una revista que plantea a la sociedad mexicana, desde la perspectiva jurdica, la atencin hacia el ambiente, es decir, hacia la circunstancia en la que se desenvuelve nuestra existencia. Deca Ortega, como es bien sabido, que somos nosotros y nuestra circunstancia. En este binomio reside nuestra entidad y se desenvuelve nuestra existencia. El medio en el que se vive, la circunstancia, es mucho ms que un dato externo: es parte de nosotros mismos, en cuanto concurre a la diaria construccin de la persona que somos y de la sociedad que constituimos. No habra cmo prescindir de la circunstancia sin prescindir de nosotros mismos.

Hace aos, don Alfonso Reyes present el paisaje de la desolacin: el espanto social, le llamaba, que se instala cuando la tierra seca, desprovista de virtudes vitales, constituye nuestro nico asiento. Hay que recordarlo, para evitar la catstrofe que acecha. Aqu deben decir su palabra el Derecho y quienes lo aplican, pero tambin -y sobre todo— el pueblo mismo, si posee una verdadera cultura de preservacin del medio, que es, en el fondo, una cultura de proteccin de los derechos humanos: derecho a la vida y a la trascendencia.




 
   
 
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