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    Reflexiones en torno a la aplicacin de la normatividad ambiental en Mxico
 


Lic. Miguel ngel Cancino Aguilar

Introduccin.

Uno de los temas que ha estado presente en el debate legislativo de nuestro pas en los ltimos aos, es el relativo al fortalecimiento de la gestin ambiental mediante la aplicacin y cumplimiento de la normatividad. En efecto, en los ltimos aos, sobre todo a partir de la reforma de 1996 a la Ley General del Equilibrio Ecolgico y la Proteccin al Ambiente, la legislacin ambiental mexicana ha venido experimentando una serie de ajustes dirigidos a reforzar los sistemas mediante los cuales se trata de evitar y, en su caso, sancionar conductas contrarias a dicha legislacin, sobre todo en los mbitos administrativo y penal.

Recientemente el debate se ha centrado fundamentalmente en la revisin de proyectos e iniciativas que permitiran la participacin decisiva del poder judicial, en la solucin de conflictos ambientales vinculados con la generacin de daos ambientales. En el ao 2003 el Congreso de la Unin aprob una ley de responsabilidad civil por el dao o deterioro ambiental, la cual no ha sido formalmente expedida porque es necesario que se cumplan diversas formalidades del proceso legislativo. Adems, en las leyes sobre vida silvestre, aguas nacionales y prevencin y gestin integral de residuos, as como en la legislacin ambiental de algunas entidades federativas, como es el caso del Distrito Federal, se han incorporado preceptos que se supone estn destinados a la regulacin de la responsabilidad civil ambiental.

Sin embargo, desde nuestro punto de vista, en el debate han estado ausentes consideraciones fundamentales respecto de la orientacin que debe seguir el establecimiento de mecanismos para la aplicacin y cumplimiento de la normatividad ambiental, que a su vez permitan avanzar hacia una gestin ambiental sustentable. Dichas consideraciones se refieren bsicamente a los aspectos mnimos que deben ser incorporados en la legislacin ambiental, as como a la necesidad de que los planteamientos para fortalecer las acciones para evitar o corregir daos ambientales, consideren de manera integral el sistema de responsabilidad ambiental existente en nuestro pas.

Para lograr una gestin ambiental adecuada, orientada hacia la sustentabilidad, se requiere que el marco jurdico e institucional que la sustente, sea completo, eficaz y eficiente. Si ello es as, deber incluir mecanismos adecuados para la aplicacin y cumplimiento de la normatividad ambiental, que garanticen a las personas el acceso a la justicia ambiental y por tanto la posibilidad de lograr una defensa oportuna de su derecho a disfrutar de un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar. Por supuesto, no basta la sola existencia de esos mecanismos, sino que es necesario que la aplicacin y cumplimiento de la ley se traduzca en acciones concretas por parte de autoridades y particulares.

Por supuesto, la gestin ambiental debe ser entendida, en palabras del Doctor Ral Braes, como el “conjunto de actos normativos y materiales que buscan una ordenacin del ambiente, que van desde la formulacin de la poltica ambiental hasta la realizacin de acciones materiales que tienen ese propsito” , en donde se incluyen actos no slo de autoridades, sino tambin de personas, grupos y organizaciones sociales y privadas que integran la llamada sociedad civil.

La aplicacin efectiva de la ley es uno de los aspectos centrales para lograr, desde la perspectiva jurdica, que la gestin ambiental propicie efectivamente la preservacin y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la proteccin al ambiente, en virtud de que la determinacin de las caractersticas del marco jurdico ambiental, sus ventajas, aciertos y deficiencias, se puede realizar justamente a partir de la aplicacin y cumplimiento de la normatividad ambiental.

Adems, la aplicacin de la legislacin ambiental es sin duda alguna en la actualidad, una de las demandas sociales ms importantes. Lograr una proteccin adecuada del ambiente, sobre todo en el caso de actividades productivas que generan efectos adversos a los ecosistemas y sus elementos; reparar los daos ambientales y que se castigue de manera ejemplar y severa a los responsables, son expresiones de esas pretensiones sociales. Para garantizar ello, se demanda, adems, la existencia de mecanismos adecuados y oportunos para que personas, grupos y colectividades tengan la posibilidad de defender su derecho a un medio ambiente adecuado.

A continuacin, me permito apuntar algunas consideraciones que debern tenerse presentes en los trabajos para reforzar la aplicacin de la legislacin ambiental.

Gestin Ambiental y Estado de Derecho.

En las ltimas dcadas, la gestin ambiental en Mxico se ha venido transformando de manera importante, ya que de ser parcial, sectorizada y dispersa, antes de la dcada de los setentas del siglo anterior, paulatinamente est en camino de adquirir un carcter integral, transectorial, descentralizado y con mayor participacin de la sociedad civil.

Los cambios en la manera de asumir la gestin ambiental, deben tener su reflejo, su manifestacin, en los sistemas jurdicos. La existencia de instituciones y categoras jurdicas para prevenir daos ambientales, y para detener y revertir procesos de agotamiento de los recursos naturales y de deterioro ambiental, es una condicin fundamental para dirigir justamente hacia esas finalidades, de manera oportuna y adecuada, el conjunto de acciones que implica la gestin ambiental. Es decir, uno de los requisitos fundamentales para contar con una gestin ambiental orientada hacia la sustentabilidad, es la existencia de marcos jurdicos que contengan disposiciones eficaces y eficientes, que permitan a las autoridades y a las dems personas que integran la sociedad, tener certeza sobre el tipo de acciones que pueden y deben llevar a cabo.

Las sociedades modernas se construyen a partir de lo que se denomina un Estado de Derecho, cuyos rasgos medulares son: el imperio de la ley, la divisin de poderes, la legalidad de los actos de la administracin y la garanta de los derechos y libertades fundamentales de los hombres .

Sin duda el primero de esos rasgos, el imperio de la ley, constituye el aspecto vertebral de cualquier Estado, ya que implica que ste debe someter el ejercicio de sus acciones al conjunto de directrices generales y abstractas que integran el Derecho.

La idea del Estado de Derecho significa, por una parte, que la accin gubernamental debe sujetarse a un rgimen jurdico determinado, que haga posible la verificacin de su cumplimiento, y por otra, que los gobernados tengan plena certeza de la forma en que se regulan sus conductas, en cules son sus derechos y cules sus obligaciones. As, a travs del Estado de Derecho es posible garantizar un sentido determinado de la conducta de los gobernantes, desde la perspectiva de los gobernados y viceversa.

En este contexto, cualquier actividad social puede ubicarse en alguno de los mbitos normativos previstos por el orden jurdico. Precisamente sobre este supuesto descansa la idea del imperio de la ley como elemento fundamental del Estado de Derecho y, con ella, el llamado principio de legalidad. Los actos de gobierno, en general, deben contener un soporte normativo directo, al grado de que, en un Estado de Derecho, slo se consideran legtimas las acciones pblicas que pueden justificarse como el ejercicio de una potestad legalmente conferida.

Por lo anterior, resulta fundamental para cualquier orden de gobierno contar con un marco jurdico slido, completo y actualizado para cumplir de manera eficaz y eficiente con las responsabilidades y funciones que de acuerdo con la ley le corresponden y que propicie que los individuos que integran la sociedad realicen sus actos en congruencia con ese marco.

Como se puede deducir de lo planteado, incorporar en nuestros ordenamientos jurdicos instituciones, categoras, consideraciones tcnicas, principios, herramientas y mecanismos necesarios para preservar el equilibrio ecolgico y la proteccin al ambiente, as como para prevenir o corregir los efectos adversos a ellos, generados en procesos productivos y de consumo, permitir en nuestra sociedad fortalecer la gestin ambiental y por supuesto el Estado de Derecho.

Derivado de la preocupacin de la sociedad por detener y revertir fenmenos y situaciones que propician el deterioro del ambiente, el agotamiento de los recursos naturales y afectaciones a las personas y sus bienes, en las ltimas tres dcadas, tanto en Mxico como en otros pases y regiones del mundo, se han venido presentando cambios en los marcos jurdicos e institucionales dirigidos a reforzar las herramientas y mecanismos para enfrentar la problemtica ambiental; en consecuencia, se ha venido modernizando, fortaleciendo la gestin ambiental a travs de esos cambios.

El fortalecimiento de la gestin ambiental a travs de la modernizacin de los sistemas jurdicos ambientales, debe considerar un conjunto de aspectos mnimos para estar en posibilidad de propiciar acciones sustentables. Dentro de tales aspectos destacan: la incorporacin de la nocin de sustentabilidad como la base de la poltica y la gestin ambiental; la juridificacin de principios fundamentales, tales como el preventivo, precautorio, y contaminador-pagador, entre otros; regulacin adecuada de fenmenos que atentan contra el ambiente y los recursos naturales; fortalecer y enriquecer los instrumentos de poltica ambiental; propiciar una calidad regulatoria satisfactoria; as como ampliar los mecanismos de participacin social en la gestin ambiental, dentro del cual se incluye la necesidad de establecer mecanismos administrativos o judiciales que permitan a las personas acceder a la justicia ambiental.

Orientaciones bsicas de los sistemas de responsabilidad ambiental.

La aplicacin de la legislacin ambiental, constituye uno de los mecanismos de acceso a la justicia ambiental. El rgimen punitivo a travs del cual se imponen responsabilidades administrativas, civiles o penales a los sujetos que transgreden la normatividad ambiental, debe ser orientado a fortalecer el acceso a la justicia ambiental.

Con las palabras acceso a la justicia se designan “dos propsitos bsicos del sistema jurdico por el cual la gente puede hacer valer sus derechos y/o resolver sus disputas, bajo los auspicios generales del Estado. Primero, el sistema debe ser igualmente accesible para todos; segundo, debe dar resultados individual o socialmente justos”.

Por acceso a la justicia ambiental puede entenderse la posibilidad de obtener “la solucin expedita y completa por las autoridades judiciales de un conflicto jurdico de naturaleza ambiental, lo que supone que todas las personas estn en igualdad de condiciones para acceder a la justicia y para obtener resultados individual o socialmente justos.”

Aunque el concepto se utiliza, por lo general, en los casos de conflictos jurdicos entre partes que hacen necesaria la intervencin de los tribunales de justicia, tambin se puede utilizar en los casos de conflictos jurdicos que suponen la aplicacin de la legislacin por las autoridades administrativas y que no implican, necesariamente, una contienda entre partes, esto es, en los casos de aplicacin administrativa de la legislacin.

En este sentido, la aplicacin de la ley debe ser vista como una de las herramientas y mecanismos, administrativos y judiciales, para proteger el derecho de las personas a disfrutar de un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar.

De acuerdo con lo anterior, la aplicacin de la ley en materia ambiental tiene como propsitos fundamentales: propiciar la sustentabilidad; que se cumpla con el principio de legalidad; y lograr la legitimidad social de las acciones del Estado para hacer cumplir la normatividad.

En el primero de los objetivos, la intencin es, por un lado, hacer valer el principio preventivo en la gestin ambiental, lo que implica que se eviten, mitiguen, minimicen o compensen de manera directa e inmediata los efectos adversos que se generen o se pudieran generar sobre los ecosistemas y sus elementos, as como sobre el ambiente por la realizacin de determinadas obras o actividades. Por otro lado, en el caso de daos, la estrategia es repararlos mediante el restablecimiento de las condiciones existentes antes de producirse el dao. En este caso se pretende, por ejemplo, evitar la ocupacin ilcita de reas naturales protegidas, la emisin de ruido, contaminantes atmosfricos, la generacin de residuos o la descarga de aguas residuales cuando afecten aire, agua, suelo, recursos naturales o la salud de la poblacin o sus bienes, entre otros; en caso de producirce daos ambientales, estos deberan ser debidamente reparados.

Por otra parte, el acatamiento del principio de legalidad significa, no slo que las acciones de aplicacin de la ley deben derivar del conjunto de disposiciones jurdicas que regulan la preservacin del equilibrio ecolgico y la proteccin al ambiente, sino que se haga valer efectivamente el marco jurdico correspondiente. Es decir, lo importante es que las autoridades verifiquen el cumplimiento efectivo de la normatividad ambiental y que los obligados tengan claro que cualquier contravencin de esa normatividad implicar una sancin determinada.

El tercer propsito fundamental que debe orientar las acciones de aplicacin de la legislacin ambiental, consisten en lograr el respaldo y aceptacin de la sociedad en sus resultados, independientemente del sentido que stos tengan. Las autoridades ambientales deben ser capaces de transmitir a sus interlocutores los alcances de sus acciones; ya que en muchas ocasiones, las insuficiencias o vacos del marco jurdico no permiten proteger de una manera adecuada determinados bienes o recursos que la sociedad espera que as sea y puede esperar, ms de lo que puede hacer. Evidentemente, se deber buscar por todos los medios que se cuente con un marco jurdico ambiental y territorial adecuado y que ste sea efectivamente aplicado.

Las acciones de aplicacin y cumplimiento de la normatividad ambiental tendrn sentido, en tanto se actualicen al mismo tiempo los tres propsitos antes sealados, es decir, cuando se propicie la sustentabilidad, se cumpla el principio de legalidad y se logre la legitimacin de los grupos o sectores sociales involucrados.

Por otra parte, es pertinente sealar que uno de los aspectos ms importantes, vinculados con la aplicacin de la ley, se refiere a sus efectos prcticos respecto del estado del medio ambiente en su conjunto. Por ello, los sistemas de responsabilidad ambiental deben estar orientados fundamentalmente a dos cosas: por una parte a inhibir conductas que generen o puedan generar daos ambientales, mediante el establecimiento de sanciones ejemplares, pero sobre todo a partir de la imposicin efectiva de stas; y por otra parte a resarcir los daos ambientales cuando stos se hubieran causado.

En el mbito correctivo de la aplicacin de la ley, cuando se causa un dao al ambiente y a los recursos naturales, los sistemas de responsabilidad ambiental se deben orientar, hacia tres propsitos fundamentales:

En primer lugar, se debe buscar la restauracin de los daos ambientales ocasionados, lo que significa devolverle a los recursos afectados sus caractersticas propias, en trminos cualitativos y cuantitativos desde la ptica ambiental; significa devolver las cosas al estado en que se encontraban antes de producirse los daos respectivos.

Por otro lado, en caso de que no sea posible restaurar los daos ambientales, se debern prever acciones para compensar ambientalmente esos daos, lo que significa generar efectos positivos alternativos y equivalentes a los efectos adversos en el ambiente o los ecosistemas y sus elementos que se hubieran producido en el dao ambiental.

Finalmente, en caso de que no sea posible atender ninguno de los dos aspectos anteriores, se debera determinar una indemnizacin en dinero, que se dedicara a acciones que beneficien ambientalmente de manera directa la zona o regin en donde se hubiera producido el dao ambiental.

Es decir, los sistemas de aplicacin de la ley deben orientarse en todo momento a prevenir daos ambientales y si estos se producen a llevar a cabo las acciones de restauracin o compensacin sealadas que implican un conjunto de acciones concretas en beneficio de los recursos naturales afectados.

Por supuesto que esos propsitos se podrn complementar con la imposicin de otro tipo de sanciones administrativas, penales o civiles, como multa, aseguramiento y decomiso de bienes, prisin, suspensin de actividades, demoliciones, etc.

Fortalecimiento de la justicia administrativa.

En Mxico el mecanismo “tradicional” a travs del cual se lleva a cabo el control del cumplimiento del conjunto de obligaciones previstas en la normatividad ambiental, es la instauracin y desahogo de procedimientos administrativos de inspeccin. En el caso de la responsabilidad administrativa, se trata del conjunto de acciones que se realizan desde el poder ejecutivo, con base en la facultad sancionadora, de polica, que se le otorga en el texto constitucional. Se sustenta en el desarrollo de actos administrativos que implican actos de molestia respecto de los sujetos obligados a cumplir con las previsiones del marco jurdico ambiental, por medio de los cuales se pueden imponer medidas cautelares y sanciones.

La verificacin del cumplimiento de la normatividad ambiental es una actividad permanente y por ello constituye la principal forma de aplicacin de la legislacin ambiental en Mxico. De acuerdo con el informe 1995-2000 de la Procuradura Federal de Proteccin al Ambiente, anualmente se realizaban, a nivel federal, aproximadamente ocho mil visitas de inspeccin en materia industrial o de verificacin de disposiciones relacionadas con la prevencin y el control de la contaminacin ambiental (atmsfera, ruido, residuos peligrosos, actividades altamente riesgosas e impacto ambiental en actividades industriales, comerciales y de servicios, etc.) y 25 mil vinculadas con la preservacin y aprovechamiento de recursos naturales (pesca, forestal, vida silvestre, impacto ambiental, zona federal martimo terrestre, etc.). A partir de esas visitas se iniciaban aproximadamente 18 mil procedimientos administrativos sancionatorios.

Es justamente a travs del desahogo de procedimientos de inspeccin del cumplimiento de la normatividad ambiental, como las autoridades ambientales determinan una gran cantidad de acciones para corregir las irregularidades que se hubieran detectado por violaciones a esa normatividad y que repercuten sobre la prevencin de daos ambientales y su reparacin.

En virtud de la importancia que representa para la aplicacin efectiva de la ley, considero necesario llevar a cabo diversas modificaciones en el sistema de justicia administrativa, para poder orientarla hacia los aspectos sealados con anterioridad.

Los ajustes deben orientarse bsicamente a la adecuacin de los procedimientos administrativos, a fin de que stos respondan a la necesidad de prevenir y corregir de manera eficiente daos ambientales. Dentro de los aspectos que deben ser modificados se encuentran, los supuestos para instaurar procedimientos de inspeccin (por ejemplo establecer la posibilidad de iniciarlos a partir de el otorgamiento de informacin por parte de los responsables del cumplimiento de la normatividad ambiental); establecer mecanismos alternativos para la solucin de conflictos ambientales, como la conciliacin, arbitraje o mediacin, que hagan ms eficiente y oportuna la atencin de problemticas especficas; detallar el contenido de los convenios mediante los cuales se pueden dar por concluidos los procedimientos de inspeccin, salvaguardando el inters pblico que sustenta la normatividad ambiental; detallar la regulacin sobre la conservacin, manejo y disposicin de bienes asegurados o decomisados; y en general todos aqullos aspectos que permitan resolver de mejor manera cumplir con los objetivos que hemos sealado para los sistemas de responsabilidad ambiental.

Dentro de los cambios que es necesario incorporar en nuestra gestin ambiental, destaca el fortalecimiento de la aplicacin de la legislacin ambiental a nivel de las entidades federativas. Desafortunadamente se cuenta con muy poca informacin respecto de los resultados que a nivel local se obtienen de actos de verificacin del cumplimiento de esa legislacin. Slo unas cuantas entidades federativas, cuentan con estructuras administrativas especiales para el desarrollo de los actos correspondientes.

Uno de los temas que ha estado presente en Mxico en la discusin sobre la aplicacin de la legislacin ambiental en el mbito administrativo, se refiere a la naturaleza jurdica e integracin de los organismos encargados de la verificacin del cumplimiento de la normatividad ambiental.

En particular los temas que ms se han discutido, se refieren a su grado de autonoma y a la participacin en su estructura de representantes sociales, cuestiones que a continuacin analizamos.

La autonoma de los organismos. En los ltimos aos se ha suscitado un debate en relacin con la “autonoma” de los organismos encargados de vigilar el cumplimiento de la normatividad ambiental.

A nivel federal, por lo menos desde 1995 se han presentado discusiones en torno a la necesidad de convertir a la Procuradura Federal de Proteccin al Ambiente (rgano desconcentrado de la Secretara de Medio Ambiente y Recursos Naturales) en una instancia “autnoma” de las Dependencias del Poder Ejecutivo, bajo el argumento de que no puede actuar como juez y parte, en los casos en donde el propio gobierno es responsable del cumplimiento de la normatividad ambiental y en donde podra llegar a convertirse en infractor l mismo, o de que la unidad administrativa encargada de emitir los permisos o autorizaciones no debe tener al mismo tiempo la vigilancia de su cumplimiento.

Por ejemplo, en el caso de la Procuradura Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, tanto la iniciativa enviada al rgano legislativo del Distrito Federal, como en el dictamen en el que se fundamenta la expedicin su Ley Orgnica, se plantean argumentos similares. En ambos casos se seala que con la creacin de ese organismo, “...se pretende un mejor equilibrio entre las autoridades encargadas de emitir normas y las encargadas de vigilar el cumplimiento de las leyes, evitando con ello que una sola autoridad se convierta en juez y parte.”

En relacin con la necesidad de otorgar “autonoma” a los organismos administrativos encargados de vigilar el cumplimiento de la normatividad ambiental y del ordenamiento territorial, el aspecto ms importante a considerar se refiere al alcance de sus atribuciones.

En efecto, si se trata de rganos cuyas funciones estn relacionadas con el ejercicio de actos de autoridad, con la instauracin de procedimientos de verificacin a travs de los cuales se pueden determinar infracciones a normatividad especfica e imponer sanciones administrativas, el grado de autonoma debe ser tal que permita distinguir entre las unidades administrativas encargadas de emitir normas y otorgar permisos, licencias o autorizaciones, de aqullas que vigilen su cumplimiento, pero siempre dentro de la estructura de la administracin pblica.

En estos casos, la promocin y vigilancia del cumplimiento de la normatividad forma parte de las polticas pblicas del nivel de gobierno de que se trate, el cual es responsable de los alcances de esas acciones. Es decir, es el gobierno correspondiente, a travs de las unidades administrativas que integran la administracin pblica, el responsable de formular, ejecutar y evaluar la poltica dirigida a la aplicacin de la ley; en caso de que ello no suceda as o cuando dicha funcin se ejerce de manera deficiente, el responsable ante la sociedad es l.

Por ello, es conveniente que los organismos encargados de sancionar administrativamente el incumplimiento de la normatividad ambiental y del ordenamiento territorial se ubiquen dentro de la administracin pblica de que se trate, y sean diferentes de aqullos encargados de formular normas o expedir algn tipo de autorizacin, justamente con el propsito de evitar conflictos en el ejercicio de funciones. Bajo este supuesto se pueden crear organismos desconcentrados o descentralizados que cuenten con autonoma relativa.

Por otro lado, si las funciones para promover y vigilar en cumplimiento de la normatividad ambiental se realizan desde la perspectiva de un ombudsman, el grado de autonoma del organismo debe ser mayor, en virtud de que sus actos estn dirigidos fundamentalmente a propiciar que las autoridades competentes apliquen efectivamente la ley, para evitar violaciones o incumplimiento de determinadas disposiciones jurdicas o para que se impongan las medidas y sanciones que correspondan en el caso de que se actualicen dichas violaciones o incumplimientos. Tal es el caso de las comisiones de derechos humanos a las cuales en los ltimos aos se les ha asignado el carcter de organismos pblicos autnomos, ubicndolos fuera de la administracin pblica.

En la lgica de la organizacin de la administracin pblica, en el caso de los organismos descentralizados lo que se busca es que cuenten con una estructura y reglas de operacin que les permitan cumplir adecuadamente con sus funciones, regularmente operativas, pero sin dejar de estar sujetos a los mecanismos de planeacin, control y evaluacin propias de la administracin pblica.

De acuerdo con lo previsto en la legislacin administrativa mexicana, los organismos descentralizados, como parte de la administracin pblica paraestatal, tienen por objeto la realizacin de actividades prioritarias (consideradas como tales por leyes especficas), la generacin de bienes y la prestacin de servicios pblicos o sociales prioritarios para el funcionamiento de la ciudad y la satisfaccin de necesidades colectivas, as como el auxilio operativo en el ejercicio de funciones tcnicas o tecnolgicas de los titulares del poder ejecutivo que corresponda.

La participacin social en los organismos encargados de aplicar la ley. Es indudable que la participacin de representantes de la sociedad civil en los rganos de gobierno de una instancia encargada de aplicar la ley es muy importante, en virtud de que sus acciones se relacionan fundamentalmente con la proteccin de derechos reconocidos en disposiciones jurdicas de orden pblico e inters social. Por ello la intervencin de representantes sociales en la formulacin, desarrollo y evaluacin de los programas y actividades de los organismos que nos ocupan, permite fortalecer el cumplimiento de los propsitos considerados en la creacin de la institucin.

En ese sentido, es muy importante que la estructura orgnica considere espacios en donde la participacin ciudadana tenga una mayor incidencia en las actividades sustantivas que desarrolla para promover y verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental. En este caso los rganos dentro de los que se da la participacin de representantes de la sociedad deberan contar con funciones consultivas, propositivas, de difusin y evaluacin, entre otras.

El Reto.

A pesar de los cambios positivos que se han generado en el proceso de actualizacin de la legislacin ambiental mexicana, una de las tareas pendientes es la regulacin de acciones que permitan la participacin del poder judicial en la solucin de conflictos ambientales. En los ltimos aos se han presentado una serie de esfuerzos para incorporar en nuestra legislacin disposiciones en materia de lo que pudiera considerarse como un tipo de responsabilidad civil ambiental, siguiendo el ejemplo de sistemas jurdicos como el brasileo o el argentino.

Desde mi punto de vista, el reto es regular el tema de manera integral, considerando los distintos mbitos de la justicia ambiental: administrativa, penal, civil y constitucional.

As como se deben llevar a cabo diversos ajustes en la responsabilidad administrativa, consideramos necesario ajustar la justicia penal y civil para hacerlas congruentes y complementarias.

En el caso de la participacin del poder judicial en la atencin de problemticas vinculadas con la generacin de daos ambientales, deber avanzarse hacia el establecimiento de una “accin de proteccin ambiental” en donde se cumplan las dos condiciones bsicas del acceso a la justicia: reconocimiento del derecho al medio ambiente como un derecho fundamental y la existencia de un procedimiento especial en donde se consideren las especificidades de ese derecho, el dao ambiental y la necesidad de balancear los intereses privados y pblicos que aparecen en este tipo de conflictos.




 
   
 
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